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SUSCRIBITELA PAZ, Bolivia (AP) — Un juez ordenó el lunes cárcel preventiva para el sindicalista indígena campesino Vicente Salazar, uno de los tres líderes de las protestas que paralizaron Bolivia por 53 días en la mayor crisis que afrontó el presidente centroderechista Rodrigo Paz, quien dictó el estado de excepción para atajar las movilizaciones.
La fiscalía de La Paz acusó en una audiencia a Salazar de los delitos de terrorismo, atentado a los servicios e instigación pública a delinquir. El acusado cumplirá prisión preventiva por seis meses y asumirá su defensa desde la principal cárcel de La Paz, informó la fiscalía.
El abogado del acusado, René Salazar, declaró a los medios de prensa que “no hay pruebas documentales, sino publicaciones de redes sociales” en contra de su defendido, máximo dirigente de la Federación Sindical de Campesinos Túpac Katari de La Paz. Indicó que apelará la medida.
Sectores empresariales y organizaciones cívicas anunciaron demandas penales en contra de los tres líderes de las protestas que cesaron el 23 de junio dejando 22 fallecidos, 19 de ellos afectados por los bloqueos carreteros y tres pertenecientes a los sectores movilizados, según un informe divulgado el lunes por la Defensoría del Pueblo. Empresarios señalan que las pérdidas superaron los 2.500 millones de dólares.
Los otros demandados son el expresidente Evo Morales (2006-2019) y el líder de la Central Obrera Boliviana (COB) Mario Argollo. Ninguno ha sido detenido.
Los movilizados exigían la renuncia de Paz, a quien culparon de la falta de respuesta a la peor crisis en 40 años que afronta Bolivia, la escasez de combustible y el desabastecimiento de alimentos.
El mandatario, quien asumió hace ocho meses, denunció que las protestas fueron impulsadas y financiadas por grupos “narcoterroristas” con el objetivo de desestabilizar a su gobierno. Paz dijo que los cocaleros afines a Morales buscaron impunidad para el exmandatario, que desde la región del Chapare se resiste a una investigación judicial acusado por el presunto abuso de una menor cuando era gobernante.
Los movilizados alegaron que sus protestas eran para impedir medidas de ajuste liberal y la presunta privatización de empresas públicas. La policía denunció por su lado el decomiso de grandes cantidades de dinero que supuestamente financiaron las movilizaciones.
El gobierno acordó con la COB revisar los procesos legales en contra de casi un centenar de detenidos. Las autoridades no aclararon si beneficiará a Argollo.
Las protestas han debilitado más a los sindicatos y a la izquierda, que resultó derrotada en las urnas en noviembre del año pasado marcando un viraje político para el país tras casi 20 años de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales y Luis Arce (2020-2025). Arce está en la cárcel acusado de supuesta corrupción.
FUENTE: AP
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