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Stevens se quejó de la manera en que la Universidad de Pensilvania manejó los recientes brotes de antisemitismo, a raíz de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, y exigió la renuncia de la rectora Liz Magill, a cambio de restituir el millonario donativo.
Los abogados del empresario enviaron una carta a la universidad indicando que se había violado el acuerdo de sociedad limitada de Stone Ridge por no adherirse a las reglas contra la discriminación y el acoso.
La rectora Magill compareció esta semana ante el Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes, donde expresó que si dichas expresiones en el campus son consideradas prohibidas depende del “contexto”, y constituirían una violación a las reglas de la institución contra el acoso si son “dirigidas” y “severas”.
En su carta, Stevens y Stone Ridge expresaron que están “consternados por la postura de Penn sobre el antisemitismo en el campus”.
También se señala el enfoque permisivo de la universidad hacia discursos de odio que incitan a la violencia contra los judíos, lo cual violaría cualquier política o regla que prohíba el acoso y la discriminación basada en la religión, incluidas las de Stone Ridge.
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