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Jueces federales limitaron su impacto, pero de todas formas, la medida, a pesar de que ha estado vigente poco tiempo, restringió significativamente la inmigración legal, una meta que Trump no logró concretar antes de que el coronavirus llegara al país. Originalmente iba a expirar el jueves.
La extensión se alinea con la postura intransigente de Trump con respecto a la inmigración, y le pasa al presidente electo Joe Biden la decisión de si levanta o no las prohibiciones y cuándo, luego de que asuma el puesto el 20 de enero. El plan de gobierno de Biden con respecto a la inmigración no se refiere específicamente a esas prohibiciones.
En abril, Trump impuso una prohibición a la entrega de tarjetas de residencia —también conocidas como “green cards”— emitidas en el extranjero que principalmente afecta a familiares de personas que ya viven en Estados Unidos. Después de que los partidarios de las restricciones a la migración recibieran la medida con sorprendente frialdad, el gobierno fue mucho más allá en junio al añadir las visas H-1B, que son utilizadas ampliamente por trabajadores de compañías de tecnología y sus familias; las visas H-2B para trabajadores no agrícolas de temporada; las visas J-1 para intercambios culturales; y las visas L-1 para gerentes y otros empleados cruciales de empresas multinacionales.
Trump dijo que las medidas protegerían los empleos estadounidenses en una economía destrozada por la pandemia, mientras que los grupos empresariales señalaron que obstaculizarían la recuperación.
En contraste, el edicto del gobierno de expulsar de inmediato a los solicitantes de asilo y a otros que cruzan la frontera ilegalmente desde México se justificó con el argumento de que se hacía para contener al coronavirus, aunque The Associated Press y otros medios hallaron que científicos gubernamentales no veían evidencia que lo sustentara. También se tomó la decisión de prohibir temporalmente los viajes no esenciales a través de las fronteras con México y Canadá en aras de la salud pública.
En octubre, el juez federal de distrito Jeffrey White de San Francisco, nombrado al cargo por el presidente George W. Bush, falló que la prohibición a las visas de trabajo no podía aplicarse a los grupos que demandaron ni a sus miembros, que representan a gran parte de la economía del país: la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Manufacturas, la Federación Nacional de Minoristas, el grupo de la industria tecnológica TechNet, e Intrax Inc., que maneja programas de intercambio cultural.
En diciembre, el juez federal de distrito Edward Chen de Oakland, California, nombrado por el presidente Barack Obama, impidió que la prohibición a las tarjetas de residencia entrara en vigencia en contra de las familias de 181 ciudadanos estadounidenses y residentes legales que demandaron.
FUENTE: Associated Press
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