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La solicitud de asilo —la segunda que presenta Ábrego García, después de que la primera le fue rechazada en 2019— fue presentada en un tribunal de inmigración de Maryland, complicando todavía más un caso que se intensificó en marzo pasado cuando fue deportado por error a una prisión de máxima seguridad en su natal El Salvador.
El gobierno de Trump sostiene que Ábrego García, de 30 años, es miembro de la pandilla MS-13 —acusación que él rechaza— y ha dicho que tiene la intención de deportarlo a Uganda.
De aprobarse la nueva solicitud de asilo de Ábrego García, se le podría proporcionar una tarjeta de residencia y una vía hacia la ciudadanía. Pero su pedido debe pasar por el sistema de tribunales de inmigración de Estados Unidos, el cual no forma parte del poder judicial, sino de un brazo del Departamento de Justicia y bajo la autoridad del gobierno federal.
Los tribunales de inmigración se han convertido en un foco de las renovadas restricciones migratorias de Trump. El presidente ha despedido a más de 50 jueces de inmigración desde que regresó a la Casa Blanca en enero.
Pero Ábrego García tiene algo que la mayoría de las personas en su situación no tiene: un equipo de abogados que luchan por él y un juez federal que supervisa su caso de inmigración.
Sus abogados presentaron una demanda ante la jueza federal Paula Xinis en Maryland para garantizar que Ábrego García pueda ejercer su derecho constitucional a luchar contra la deportación en un tribunal de inmigración. También han argumentado que tiene derecho a expresar su temor a ser perseguido y torturado en Uganda. Ábrego García ha dicho a las autoridades que, si debe ser expulsado de Estados Unidos, preferiría ser enviado a Costa Rica.
Durante una conferencia telefónica con los abogados el miércoles, Xinis declaró explícitamente que no puede — ni decidirá— si a Ábrego García se le concede el asilo o si es deportado.
“Entendemos que el proceso de asilo no me compete”, dijo Xinis. “No tengo jurisdicción sobre eso”.
Pero Xinis afirmó que puede intervenir para garantizar que Ábrego García pueda ejercer su derecho al debido proceso. Sus abogados señalan que tiene derecho a procedimientos y apelaciones en el tribunal de inmigración, incluyendo la corte federal de apelaciones, antes de que pueda ser deportado.
Xinis dijo que se centrará en que Ábrego García pase por los procesos requeridos del tribunal de inmigración o “si no hay proceso”.
“Pero podría haber matices”, destacó.
El gobierno no puede expulsar a Ábrego García de Estados Unidos continental sin una audiencia probatoria relacionada con la demanda del 6 de octubre, dictaminó Xinis. También ordenó que debe permanecer dentro de un radio de 320 kilómetros (200 millas) de su tribunal en Greenbelt para asegurar que pueda tener acceso a sus abogados, quienes dijeron el lunes que se encuentra detenido en Virginia.
Ábrego García fue liberado el viernes de una cárcel en Tennessee, donde ha sido acusado de tráfico de personas. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) lo detuvieron en Baltimore el lunes y le dijeron que sería deportado a Uganda.
Durante la conferencia telefónica del miércoles, el abogado del Departamento de Justicia Drew Ensign señaló que el gobierno no está de acuerdo con la orden del tribunal de no deportar a Ábrego García mientras se dirime la demanda, pero que el gobierno cumplirá.
Los abogados de Ábrego García afirman que enviarlo a Uganda sería un castigo por luchar con éxito contra su deportación a El Salvador, negarse a declararse culpable de los cargos de tráfico de personas y por buscar su liberación de la cárcel en Tennessee.
Un juez federal de inmigración rechazó su solicitud de asilo en 2019 porque fue presentada más de un año después de ingresar a Estados Unidos. Salió de El Salvador a la edad de 16 años, alrededor de 2011, para unirse a su hermano, quien se había convertido en ciudadano estadounidense y vivía en Maryland.
Aunque se le negó el asilo, el juez emitió una orden que protegía a Ábrego García de la deportación a El Salvador porque enfrentaba amenazas creíbles de violencia de una pandilla que lo había aterrorizado a él y a su familia en la nación centroamericana. Se le concedió una forma de protección conocida como "retención de remoción", que prohíbe a las autoridades enviarlo a El Salvador pero permite su deportación a otro país.
Tras el fallo de 2019, Ábrego García fue liberado bajo supervisión federal y continuó viviendo con su esposa e hijos, ciudadanos estadounidenses, en Maryland. Se reportaba con el ICE cada año, recibió un permiso de trabajo federal y trabajaba como aprendiz de hojalatero a principios de este año, según sus abogados.
Pero el gobierno de Trump deportó a Ábrego García en marzo hacia una prisión de El Salvador, alegando que era miembro de la MS-13.
La acusación se deriva de un día de 2019 en el que Ábrego García buscaba trabajo como jornalero en un Home Depot de Maryland. Las autoridades habían recibieron pistas de un informante confidencial de que Ábrego García y otros hombres podían ser identificados como miembros de la MS-13 debido a su vestimenta y tatuajes. Fue detenido por la policía, pero Ábrego García nunca fue acusado — y ha negado los señalamientos en repetidas ocasiones. Fue puesto a disposición del ICE y fue entonces cuando solicitó asilo por primera vez.
Su deportación en marzo violó la orden de 2019 que prohibía su deportación a El Salvador. La esposa de Ábrego García presentó una demanda para traerlo de vuelta. Ante la creciente presión y una orden de la Corte Suprema federal, el gobierno de Trump trajo de regreso al país a Ábrego García en junio, cuando fue acusado de tráfico de personas, un delito federal.
Ábrego García está acusado de aceptar dinero para transportar a personas que estaban en el país sin autorización legal. Se ha declarado inocente y ha pedido al juez que desestime el caso, asegurando que fue presentado como castigo por impugnar su deportación.
Los cargos se originan de una detención de tránsito en 2022 por exceso de velocidad en Tennessee. Había nueve pasajeros a bordo de la camioneta y Ábrego García portaba 1.400 dólares en efectivo. Mientras los agentes discutían entre ellos sus sospechas de tráfico de personas, se le permitió continuar su camino y recibir únicamente una advertencia.
Un agente de Seguridad Nacional testificó que no comenzó a investigar el caso hasta abril de este año, cuando el gobierno enfrentaba una creciente presión para devolver a Ábrego García a Estados Unidos. El juicio está programado para enero.
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Finley informó desde Norfolk, Virginia. El periodista de Associated Press Elliot Spagat contribuyó a este despacho.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: Associated Press
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