Los Ángeles, EE.UU. – Durante una reciente operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el área de Los Ángeles, varios inmigrantes ilegales con antecedentes penales graves fueron arrestados, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Entre los detenidos se encuentra Cuong Chanh Phan, ciudadano vietnamita de 49 años, quien fue condenado por asesinato en segundo grado y enfrenta una pena que oscila entre los 15 años y cadena perpetua.
Otro de los arrestados es Lionel Sánchez-Laguna, mexicano de 55 años, cuyos antecedentes incluyen una serie de delitos cometidos en el condado de Orange, California: disparar contra una vivienda habitada y un vehículo, agresión contra su pareja, crueldad intencionada contra un menor, conducción bajo los efectos del alcohol y agresión con arma de fuego semiautomática. En total, Sánchez-Laguna ha recibido múltiples condenas de cárcel y libertad condicional.
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Asimismo, fue capturado Delfino Aguilar-Martínez, mexicano de 51 años, acusado previamente de asalto con un arma mortal en Los Ángeles, que causó lesiones corporales significativas. Aguilar-Martínez fue sentenciado a un año de prisión.
El ICE también detuvo a Armando Ordaz, mexicano de 44 años, con un historial criminal que incluye una condena por agresión sexual, recepción de propiedad robada y hurto menor. Las penas impuestas incluyeron días de cárcel y varios años de libertad condicional.
Otro de los arrestados fue Jose Cristobal Hernandez-Buitron, peruano de 43 años, condenado por robo con una sentencia de 10 años de prisión.
La lista también incluye a Jordan Mauricio Meza-Esquibel, hondureño de 32 años, con detenciones previas relacionadas con distribución de heroína, cocaína y violencia doméstica.
Reacciones y protestas
Las redadas provocaron una fuerte reacción por parte de grupos anti-ICE, que vandalizaron propiedades federales en señal de protesta y se enfrentaron a la policía local. Ante la escalada de tensión, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de aproximadamente 2.000 miembros de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad y contener los disturbios.
El gobierno ha defendido la operación como parte de su política de tolerancia cero contra criminales extranjeros, mientras que organizaciones proinmigrantes han denunciado el uso de tácticas intimidatorias y la criminalización de comunidades enteras.