El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció el arresto del ciudadano cubano Jorge García Hernández en el estado de Massachusetts, durante una operación dirigida específicamente a la localización de “extranjeros ilegales peligrosos” con amplio historial criminal.
La detención fue ejecutada el 3 de diciembre por agentes de ICE Boston, quienes calificaron a García Hernández como “delincuente reincidente” y una amenaza directa para la seguridad pública.
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Un prontuario estremecedor
Según la información oficial divulgada por la agencia federal, el ciudadano cubano enfrenta antecedentes penales por delitos de alta peligrosidad, entre ellos:
Las autoridades subrayaron que estos cargos colocan a García Hernández dentro del grupo de criminales prioritarios para deportación inmediata.
Operativo más amplio: otros cinco arrestos peligrosos
En el mismo comunicado, ICE Boston informó la captura de otros cinco inmigrantes procedentes de:
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Cambodia
República Dominicana
El Salvador
México
Cabo Verde
Todos con antecedentes por delitos graves como:
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Violación de menores
Agresión agravada con arma peligrosa
Robo a mano armada
Tráfico de fentanilo y marihuana
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Agresión física a oficiales de policía
Endurecimiento migratorio bajo la actual política federal
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha intensificado las operaciones conjuntas con fuerzas federales y estatales para detener y deportar extranjeros considerados una amenaza para la seguridad ciudadana.
Bajo el actual enfoque migratorio impulsado por el presidente Donald Trump, los operativos de ICE han aumentado de forma notable en frecuencia, alcance y severidad en todo el país.
El obstáculo de las deportaciones a Cuba
Aunque decenas de cubanos con antecedentes criminales permanecen detenidos bajo custodia de ICE, Estados Unidos enfrenta serios obstáculos para ejecutar deportaciones hacia Cuba, debido a:
Esta situación mantiene a muchos detenidos en un limbo legal prolongado.
Nueva fase de la ofensiva migratoria
Las autoridades confirmaron que la nueva etapa de la política migratoria no se limita solo a delincuentes violentos, sino que también alcanza a inmigrantes en procesos administrativos aún sin delitos criminales, lo que ha generado preocupación entre comunidades migrantes en todo el país.