El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que remitirá el informe de 400 páginas a la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional.
“Estos crímenes son una afrenta a la conciencia de la humanidad y al bienestar de todos”, dijo Almagro en un comunicado.
En el informe que encomendó Almagro el año pasado, el argentino Santiago Cantón, el canadiense Irwin Cotler y el costarricense Manuel Ventura documentaron 131 asesinatos perpetrados por fuerzas de seguridad o grupos civiles armados progubernamentales -conocidos como colectivos- durante las protestas callejeras ocurridas en 2014 y 2017.
También se identificaron 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015 y más de 12.000 detenciones arbitrarias desde las elecciones presidenciales de 2013, incluyendo más de 1.300 presos políticos, producto de un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a un segmento de la población venezolana.
A finales de 2017, los expertos realizaron cinco audiencias en la sede de la OEA en la que escucharon testimonios de 26 testigos. Además, recogieron documentos provenientes de víctimas, familiares de víctimas y más de 40 organizaciones no gubernamentales e internacionales.
La misión venezolana ante la OEA calificó el informe como una “grotesca farsa mediática” cuyo objetivo es derrocar al presidente Nicolás Maduro.
El “documento carece de valor jurídico pues emana de una autoridad usurpada. El Secretario General se arroga una atribución que ni la propia OEA tiene como es la de ser una instancia judicial”, agregó la misión diplomática en un comunicado.
Los tres expertos presentaron su informe tres meses después de que la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunciara la apertura de investigaciones preliminares sobre supuestos crímenes cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad en Venezuela.
Las llamadas “pesquisas preliminares” son un primer paso hacia posibles investigaciones completas que podrían derivar en cargos ante la corte internacional.
La Corte Penal Internacional, gobernada por un tratado internacional llamado el Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Venezuela fue el primer país sudamericano en ratificar el Estatuto de Roma en diciembre de 2002.
FUENTE: Associated Press
