El Washington Post ha revelado que el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) está próximo a concretar un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para compartir datos fiscales con el fin de verificar nombres y direcciones de personas sospechosas de estar en el país ilegalmente.
Cuatro fuentes anónimas familiarizadas con el caso informaron al medio que, si se concreta el acuerdo, ICE enviaría datos al IRS para cotejarlos con su base de datos confidencial de contribuyentes. Sin embargo, esta posibilidad ha generado alarma entre funcionarios del IRS, quienes advierten sobre las implicaciones legales, ya que divulgar información fiscal sin autorización judicial puede acarrear sanciones civiles y penales.
Alcance del Posible Acuerdo
Según un borrador del acuerdo obtenido por el Washington Post, el acceso de ICE a los datos fiscales estaría limitado exclusivamente a confirmar direcciones de inmigrantes ilegales con órdenes de deportación ya emitidas. El documento señala que solo dos altos funcionarios, el director interino de ICE, Todd Lyons, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, podrían solicitar estos datos.
El borrador también detalla que todas las solicitudes deberán incluir el nombre, dirección y fecha de la orden de deportación del contribuyente en cuestión. Además, enfatiza que el acuerdo solo aplicaría a individuos sujetos a investigaciones criminales por violaciones a las leyes migratorias.
De materializarse, este acuerdo marcaría un hito sin precedentes, ya que sería la primera vez que el IRS colabora con las autoridades migratorias en la aplicación de la ley a gran escala. Tradicionalmente, el IRS ha permitido que inmigrantes ilegales presenten declaraciones de impuestos mediante números de identificación personal del contribuyente (ITIN), sin compartir su información con ICE.
El acuerdo también supondría un cambio de postura drástico por parte del IRS. Apenas unas semanas atrás, la agencia rechazó una solicitud del Departamento de Seguridad Nacional para acceder a información de 700,000 personas sospechosas de estar en el país ilegalmente.
El debate sobre este posible acuerdo sigue abierto, con implicaciones que podrían afectar la confianza en el sistema fiscal y la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos.