El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que busca poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos. Esta medida pretende que los hijos de inmigrantes no ciudadanos nacidos en territorio estadounidense ya no obtengan automáticamente la ciudadanía. La ciudadanía por nacimiento está consagrada en la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, que establece que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos del país. La orden ejecutiva de Trump cuestiona esta interpretación y busca excluir de la ciudadanía automática a los nacidos de padres no ciudadanos.
En respuesta, fiscales generales de 18 estados, junto con el Distrito de Columbia y San Francisco, presentaron una demanda para bloquear la orden ejecutiva, argumentando que el presidente no tiene la autoridad para modificar unilateralmente disposiciones constitucionales. La demanda cuenta con el apoyo de diversos estados y defensores de los derechos civiles, quienes señalan el potencial daño a las familias estadounidenses y la violación constitucional que representa la orden.
La controversia en torno a la ciudadanía por nacimiento no es nueva. En 1898, la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso de Wong Kim Ark, confirmó que un niño nacido en Estados Unidos de padres chinos no ciudadanos era ciudadano estadounidense, estableciendo un precedente legal para la interpretación de la 14ª Enmienda. Los críticos de la orden de Trump sostienen que contradice el lenguaje claro y la intención de la enmienda.
Esta acción se suma a una serie de órdenes ejecutivas firmadas por Trump en su primer día de regreso al cargo, incluyendo la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y la anulación de varias políticas de la administración anterior.
