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La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este lunes al gobierno de Donald Trump a avanzar con la revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350,000 ciudadanos venezolanos, lo que podría exponerlos a procesos de deportación en los próximos meses.
La decisión responde a una solicitud de emergencia presentada por la administración republicana, que busca revertir la ampliación del TPS implementada en los últimos días del mandato del presidente Joe Biden. Con esta resolución, el caso regresa ahora a tribunales inferiores para su análisis de fondo, aunque en el corto plazo permite al gobierno iniciar el desmantelamiento de la medida.
La jueza Ketanji Brown Jackson, integrante del ala progresista del alto tribunal, fue la única en oponerse públicamente a la decisión.
El programa TPS (Temporary Protected Status) fue creado en 1990 como una herramienta humanitaria para ofrecer protección migratoria temporal a personas provenientes de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias. En marzo de 2021, la administración Biden declaró a los ciudadanos venezolanos elegibles para este beneficio, debido a la aguda crisis política, social y económica en su país de origen.
El estatus permite a los beneficiarios residir legalmente en EE. UU. y obtener autorización de trabajo por períodos renovables de hasta 18 meses. En octubre de 2023, el gobierno federal amplió la protección para un grupo mayor de venezolanos, con una vigencia que se extendía hasta octubre de 2026.
Sin embargo, en febrero de este año, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció su intención de anular dicha extensión. Poco después, un juez del Distrito Norte de California bloqueó la medida, argumentando que podría estar motivada, al menos en parte, por prejuicios raciales.
El fiscal general John Sauer, en representación del gobierno, defendió la postura de la Casa Blanca y aseguró que la decisión de Noem no debía estar sujeta a revisión judicial, pues se trata de una prerrogativa exclusiva del Poder Ejecutivo en materia migratoria. Según Sauer, permitir la intervención de los tribunales en este tipo de decisiones “socava la discrecionalidad que el Congreso otorgó al Ejecutivo” en la gestión de programas como el TPS.
Por su parte, la Alianza Nacional del TPS y un grupo de ciudadanos venezolanos presentaron una demanda para frenar la medida. En sus argumentos, los abogados sostuvieron que el gobierno de Trump intentaba “eludir el escrutinio judicial” y actuar por fuera de los límites legales establecidos.
“Es deber de los tribunales federales interpretar y hacer cumplir la ley, incluso en asuntos migratorios”, afirmaron los demandantes en sus escritos.
Aunque la resolución de la Corte Suprema no implica la cancelación inmediata del TPS, sí permite al gobierno avanzar en su revocación, lo que genera incertidumbre para miles de familias venezolanas radicadas en Estados Unidos. En las próximas semanas, los tribunales inferiores deberán continuar el análisis del caso y determinar si la medida del Ejecutivo puede mantenerse o si vulnera los derechos de los beneficiarios.
El destino de más de 350,000 venezolanos en Estados Unidos —muchos de ellos con años de residencia y arraigo social— dependerá ahora del desarrollo de este proceso judicial en curso.
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