MIAMI. — En una primicia exclusiva, el congresista Mario DíazBalart, junto a sus colegas Carlos Giménez y María Elvira Salazar, anunciarán formalmente a la administración del presidente Donald Trump la solicitud de un encausamiento legal contra el exdictador cubano Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el asesinato de los pilotos de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, dijeron fuentes a America Radio Miami en entrevista con los periodistas Miguel Cossio y Andrés Reynaldo.
El histórico incidente, en el que aviones de combate cubanos derribaron dos avionetas civiles de Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales, causó la muerte de cuatro estadounidenses y ha sido descrito por legisladores como un acto criminal sin prescripción, que debe ser sujeto de un proceso judicial.
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Estrategia de presión legal
Según lo confirmado en la entrevista, los congresistas buscan que el Departamento de Justicia y la Casa Blanca evalúen la reapertura de cargos legales asociados al derribo de las Cessna, argumentando que el asesinato de estadounidenses en espacio internacional no prescribe bajo la ley de EE. UU.
Díaz-Balart ha señalado anteriormente que “el asesinato no tiene fecha de vencimiento” y que Raúl Castro podría enfrentar cargos actualizados si se revisan expedientes archivados desde administraciones pasadas.
Giménez también ha advertido que todas las opciones están sobre la mesa, comparando la estrategia con acciones estadounidenses previas contra otros líderes extranjeros considerados amenazas o responsables de crímenes contra ciudadanos estadounidenses.
De concretarse, esta acción representaría un precedente sin igual en la ley estadounidense contra mandos de gobiernos extranjeros, particularmente en un caso que data de hace tres décadas y que ha sido objeto de presión diplomática continua por parte de grupos de exilio cubano en Estados Unidos.
El anuncio se espera que se efectúe en los próximos días y podría incluir no solo el pedido de encausamiento penal, sino también recomendaciones de sanciones económicas adicionales y otras medidas de presión contra el régimen cubano en múltiples frentes.
