Renee Nicole Good, madre de tres hijos, fue abatida por un agente federal tras un incidente con su vehículo.
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SUSCRIBITEDHS asegura que Renee Nicole Good, activista abatida en Minneapolis, integraba un grupo anti-ICE que interfería en operativos migratorios. Investigan redes y financiamiento
Renee Nicole Good, madre de tres hijos, fue abatida por un agente federal tras un incidente con su vehículo.
El Departamento de Seguridad Nacional la identifica como integrante de una red que vigilaba y obstaculizaba acciones migratorias.
Renee Nicole Good, activista proinmigración radicada en Minneapolis y madre de tres hijos, formaba parte de un grupo anti-ICE que vigilaba e interfería en operativos federales de inmigración, según informó el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS).
Good murió el miércoles tras un tiroteo con agentes federales, luego de que —de acuerdo con la versión oficial— dirigiera su vehículo contra uno de los oficiales. El DHS sostuvo que el uso de la fuerza se produjo en defensa propia.
Fuentes federales citadas por Fox News señalaron que Good integraba una red de activistas que se autodenomina “observadores legales”, pero que en la práctica rastrea, bloquea e interfiere con acciones de control migratorio. El grupo tendría presencia en varias ciudades santuario del país.
Qué dice el DHS
Según el DHS, Good siguió a agentes de ICE a dos ubicaciones previas antes del enfrentamiento y bloqueó la vía para obstaculizar un operativo en curso. Las autoridades investigan a estas redes para determinar sus fuentes de entrenamiento y financiamiento.
Un video difundido en redes muestra a un agente acercándose al SUV de Good e intentando abrir la puerta del conductor; instantes después el vehículo arranca y otro agente dispara varias veces a corta distancia. El material está siendo analizado por los investigadores.
Contexto
El DHS ha vinculado a grupos anti-ICE con enfrentamientos previos en distintos estados, incluidos incidentes con vehículos usados para bloquear o poner en riesgo a agentes federales. Organizaciones civiles, por su parte, reclaman transparencia y una revisión independiente del uso de la fuerza en este caso.
Hasta el momento, no se han presentado cargos contra terceros, y la investigación federal continúa.

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