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SUSCRIBITEWASHINGTON (AP) — La decisión del doctor Anthony Fauci de invocar la Quinta Enmienda ante el Congreso será puesta a prueba esta semana cuando un comité encabezado por republicanos votará sobre declararlo en desacato y remitir el asunto al Departamento de Justicia.
Una declaración de desacato podría abrir la puerta a una investigación sobre si Fauci tenía el derecho constitucional válido a no autoincriminarse cuando se negó a responder decenas de preguntas de legisladores en una audiencia del comité la semana pasada, centrada en su manejo de la pandemia de COVID-19.
Senadores republicanos, entre ellos Rand Paul de Kentucky, quien citó a Fauci y ha convocado una votación de desacato para el jueves, insisten en que un indulto que el médico recibió a comienzos del año pasado del presidente demócrata Joe Biden lo dejó sin posibilidad de acogerse a las protecciones de la Quinta Enmienda. Una resolución del Senado difundida el martes sostiene que Paul consideró las afirmaciones de Fauci “sin sustento”.
Pero algunos expertos legales dicen que Fauci tenía motivos para invocar la Quinta Enmienda, dada la amenaza de posibles procesos estatales y las dudas planteadas por el gobierno del presidente Donald Trump sobre la validez de los indultos de Biden. Cualquier testimonio de Fauci también podría haber provocado investigaciones por declaraciones falsas, como las que el actual Departamento de Justicia ha iniciado repetidamente contra supuestos adversarios de Trump.
Pase lo que pase, el episodio plantea nuevas y complejas preguntas sobre la capacidad del Congreso para obligar a testificar a testigos indultados previamente —y el resultado podría tener repercusiones más allá de Fauci.
“Este es un caso importante porque creo que mucha gente anticipa que el presidente Trump va a emitir indultos similares para muchas personas de su administración que terminarán siendo citadas ante el Congreso, y el precedente aquí es importante”, explicó Mark Osler, profesor de Derecho de la Universidad de St. Thomas y experto en el poder de indulto.
El comité de Paul avanza para transmitir la remisión por desacato directamente al Departamento de Justicia. No está claro si el Departamento de Justicia actuaría en función de esa remisión.
Fauci, científico de larga trayectoria en los Institutos Nacionales de Salud y principal experto del país en enfermedades infecciosas, dejó el gobierno federal en 2022 tras más de cinco décadas. Formó parte de un grupo de personas a las que Biden indultó en uno de los últimos actos del demócrata en el cargo. La medida de clemencia abarcó actos desde 2014 hasta la fecha de enero de 2025 en que se emitió el indulto.
Republicanos del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado afirman que el indulto eliminó el espectro de un proceso penal y dejó a Fauci sin una base válida para invocar la Quinta Enmienda, una protección constitucional fundamental incluida en la Carta de Derechos, pero que por lo general solo está disponible para quienes tienen una base razonable para creer que corren el riesgo de ser acusados por su testimonio.
Aunque un indulto general, en teoría, elimina la amenaza de un proceso, Fauci dejó claro que había razones para temer cargos penales. Invocó la Quinta Enmienda más de 100 veces.
Antes de la audiencia. Fauci dijo que Paul, el director del comité, tenía una “obsesión evidente con pedir mi procesamiento”. El propósito de su comparecencia forzada “es lograr que yo diga algo, cualquier cosa, que pueda reivindicar sus repetidas promesas públicas de que yo termine, en sus palabras y entre comillas, tras las rejas”, afirmó Fauci.
En los días previos a la audiencia, Paul publicó decenas de mensajes en X sobre Fauci, diciendo que iba a confrontar al médico por haber dado anteriormente un testimonio falso, algo que Fauci ha negado.
“Creo que tiene sentido que invocara la Quinta porque fue llevado a una situación en la que todo el país entendía que Rand Paul estaba tratando de tenderle una trampa para un procesamiento penal”, observó Michael Gerhardt, profesor de Derecho de la Universidad de Carolina del Norte. “En esa circunstancia, una de las cosas más inteligentes que se pueden hacer es convertirse en un objetivo muy pequeño y decir lo menos posible, y eso es obviamente lo que hizo”.
Al anunciar la votación de desacato, Paul indicó en X que “Fauci se negó a responder una sola pregunta, aunque sabía que no podía ser acusado por delitos” por su indulto. Las evasivas de Fauci abarcaron incluso preguntas aparentemente inofensivas, como el color de la corbata que llevaba puesta, reflejo de la creencia de que era más seguro negarse a dar cualquier testimonio.
Hay factores que podrían inclinar la balanza a favor de la estrategia de Fauci, incluido el hecho de que su indulto no lo protegería de posibles procesos estatales ni de un proceso federal relacionado con cualquier testimonio. Eso puede no ser una preocupación menor, dado el número de investigaciones por declaraciones falsas que el gobierno de Trump ha iniciado contra presuntos adversarios.
El gobierno de Trump también ha cuestionado repetidamente la validez de los indultos de Biden, debido al uso frecuente de un bolígrafo mecánico por parte de Biden. Expertos legales rechazan esas conjeturas y dicen que los indultos son válidos.
“La pregunta es si hay un temor razonable de ser procesado, y el argumento de Fauci sería: sí, recibí un indulto, sí, creo que ese indulto cubre y evita el procesamiento, pero ha habido declaraciones de mucha gente, incluido Trump y otros funcionarios del gobierno... que han planteado dudas sobre la validez de ese indulto”, apuntó Ross Garber, abogado y experto en investigaciones políticas que ha representado a múltiples clientes que han invocado la Quinta Enmienda.
“Eso”, añadió, “es potencialmente un argumento muy viable”.
Paul dijo en una entrevista con Fox News Channel la semana pasada que no creía que “haya alguna norma” según la cual una remisión por desacato debe pasar por el Senado en pleno. El comité está tratando de comunicar el asunto directamente al Departamento de Justicia.
La resolución establece que el presidente del Senado, el vicepresidente JD Vance, “deberá certificar” la remisión del comité y el informe adjunto al fiscal federal del Distrito de Columbia.
Esa aceleración del proceso evita la necesidad de una votación en el pleno del Senado de 100 miembros, donde los republicanos probablemente no cuentan con los 60 votos necesarios para sacar adelante el plan.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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