La propuesta exige que funcionarios de los países mencionados notifiquen al Departamento de Estado de EE.UU. con al menos 96 horas de antelación sobre cualquier reunión oficial planificada, incluyendo encuentros con instituciones educativas o de investigación.
El Departamento de Estado estaría obligado a presentar informes mensuales al Congreso detallando estas reuniones.
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El senador Scott destacó que esta legislación busca cerrar lagunas que han permitido a regímenes autoritarios explotar las libertades estadounidenses para actividades de espionaje y desinformación. Mencionó casos como la visita de funcionarios cubanos al Aeropuerto Internacional de Miami, lo cual considera una amenaza para la seguridad nacional.
Por su parte, la senadora Blackburn enfatizó que adversarios como el Partido Comunista Chino y el régimen ruso han intentado infiltrarse en instituciones estadounidenses para avanzar sus propios intereses, y que esta ley busca aumentar la transparencia y proteger la integridad de las instituciones del país.
De ser aprobada, esta legislación codificaría y ampliaría medidas previas implementadas por el Departamento de Estado durante la administración Trump, reforzando los mecanismos de supervisión sobre las actividades diplomáticas de naciones consideradas adversarias.