El presidente del parlamento cubano, Esteban Lazo, explicó que el Consejo de Estado pidió retrasar su aprobación de la legislación por su complejidad y los cambios a los que ha sido sometida últimamente, que no habían sido informados en su totalidad a los diputados.
La ley, que mantiene en la ilegalidad a los medios no estatales, debía debatirse y aprobarse en la primera jornada del décimo período de sesiones de la actual legislatura.
Ahora, según dijo Lazo, el proyecto de ley se debatiría entre febrero y marzo del 2023, una vez que se incluyan las opiniones de especialistas y de la población.
El proyecto de Ley de Comunicación Social establece que los medios nacionales son de propiedad socialista y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad, lo que mantiene en la ilegalidad a los medios digitales independientes.
La norma contiene 101 artículos, en los que prohíbe contenidos “para hacer propaganda a favor de la guerra, de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación, el terrorismo, la violencia y la apología del odio entre los cubanos, con el objetivo de desestabilizar el Estado socialista”.
Según el proyecto de ley, el sistema de comunicación social del país tiene el propósito de “fomentar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista de Cuba”.