Régimen cubano enjuicia a padres de niños que dormían en los jardines del Hotel Gran Muthu Habana

“A pesar de haber alertado a las autoridades, la respuesta tardó. Solo después de que se hicieran virales las imágenes intervinieron”, afirmó la responsable del Gran Muthu Habana.

Posteriormente, el gobierno de La Habana envió representantes de varios organismos estatales para realizar un levantamiento de la situación. Las investigaciones determinaron que la mayoría de los niños provenían de hogares disfuncionales y familias con serios problemas económicos y sociales.

Procesos judiciales y críticas a la inacción institucional

El Código de las Familias y el artículo 86 de la Constitución cubana establecen que los padres tienen la obligación de garantizar un desarrollo integral a sus hijos. Sin embargo, las autoridades han utilizado esta normativa para justificar los juicios contra los tutores, alegando que es una medida para “proteger a los menores”.

Críticos del régimen consideran que la acción judicial busca culpar a las familias por la pobreza extrema, mientras el Estado evade su responsabilidad ante el aumento de menores en situación de calle y la falta de políticas sociales efectivas.

Escuelas sin recursos y trabajadores sociales insuficientes

Según el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la falta de cobertura de plazas para trabajadores sociales en La Habana limita la capacidad del Estado para atender casos vulnerables antes de que se agraven.

Asimismo, las escuelas tienen la obligación de reportar casos de ausentismo escolar, pero muchas no cuentan con los recursos o personal suficiente para dar seguimiento. La viceministra primera del sector reconoció que “la prevención comunitaria se ha visto afectada por la falta de recursos y personal capacitado”.

Una crisis que refleja el deterioro social en Cuba

El caso del Hotel Gran Muthu Habana ha reavivado el debate sobre el creciente número de niños y adolescentes en situación de abandono, un fenómeno que se extiende más allá de La Habana y afecta a otras provincias del país.

Mientras el régimen insiste en culpar a las familias, la población denuncia la falta de políticas sociales, la escasez de alimentos y medicamentos, y la crisis económica que obliga a muchos menores a buscar refugio o ingresos en las calles.