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Un documento del tribunal federal del distrito sur de Texas, fijó para el próximo 25 de abril la audiencia para escuchar los argumentos sobre la demanda que presentaron los fiscales generales de 20 estados de EEUU, contra el nuevo programa de parole humanitario a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos.
Según este documento, el programa del parole humanitario, por el que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo este miércoles que se han reducido los encuentros en la frontera con inmigrantes de estos países en un 97%, seguiría en pleno funcionamiento, de no presentarse una moción de emergencia.
La demanda encabezada por la fiscal de Texas y 20 estados, incluyendo Florida, busca eliminar el parole humanitario que se creó en octubre de 2022 para venezolanos y que luego en diciembre se extendió a cubanos, nicaragüenses y haitianos.
Este miércoles la fiscal general de Florida Ashley Moody fue muy enfática sobre el tema en medios nacionales.
La fiscal general de Florida se había pronunciado este martes sobre el programa, en un comunicado en el que también se informaba de la demanda.
“La nueva solución de Biden a su crisis autocreada en la frontera es permitir que los inmigrantes ilegales viajen directamente al interior del país sin cruzar la frontera sur, en violación directa de la ley federal. Sus acciones ilegales no quedarán sin control, y seguiremos luchando en los tribunales para obligar a este presidente a seguir las leyes de inmigración de seguridad pública", dice el comunicado.
La demanda señala que el programa establecido falla en cada uno de estos factores limitantes: No es caso por caso, no es por razones humanitarias urgentes y no promueve ningún beneficio público significativo.
“En cambio, equivale a la creación de un nuevo programa de visas que permite que cientos de miles de extranjeros, que de otro modo no tendrían ninguna base para hacerlo, ingresen a los Estados Unidos. Esto burla, en lugar de seguir, las claras limitaciones impuestas por el Congreso”, concluye la demanda.
Los fiscales generales de Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia y Wyoming, hacen parte de la demanda.
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