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La amenaza de una posible suspensión o fin del reciente parole humanitario de la Administración Biden para inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití tras la demanda presentada al gobierno federal por fiscales generales de 20 Estados contra este programa tiene hoy muy preocupados a familias en medio de ese proceso.
La demanda de los 20 estados bajo el poder de republicanos contra este programa de parole humanitario para el ingreso mensual de unos 30 mil inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití a través de patrocinadores en EEUU argumenta que los estados demandantes enfrentan daños sustanciales e irreparables por el abuso del Departamento de su autoridad de libertad condicional. E
sta demanda es contra el Departamento de Seguridad Nacional y su secretario, el cubano americano Alejandro Mayorkas.
El abogado de inmigración Willy Allen dice que esta demanda podría afectar el proceso de este parole.
La Florida encabeza esta demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional que defiende que con este parole humanitario de reduzca la inmigración ilegal desde Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
La Fiscal General en La Florida, Ashley Moody dijo en un comunicado que la nueva solución de Biden a la crisis autocreada en la frontera era permitir que los inmigrantes ilegales viajara directamente al país sin cruzar la frontera sur en violación directa de la ley federal. Y advirtió que las acciones ilegales de la Administración Biden no quedarían sin control y que lucharán en los tribunales para que el presidente siga las leyes de inmigración de seguridad pública.
Esta demanda de 20 estados al gobierno federal pide, entre otros puntos, suspender, posponer o prohibir de forma preliminar la aplicación de este parole humanitario y después de un juicio que se anule o prohibir permanentemente porque se decrete en este juicio que el programa violaba el debido proceso administrativo.
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