El temido juicio contra el Parole Humanitario, una pieza clave de la política migratoria del presidente Joe Biden, dejó por el momento el programa en funcionamiento, permitiendo nuevas aplicaciones a la espera de una decisión final que podría tardar meses.
Texas y otros 20 estados republicanos demandaron al gobierno federal por considerar que estaba violando la política migratoria al establecer un programa Parole para Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití que les permite a las personas aceptadas en el programa emigrar a estados unidos y obtener un permiso de trabajo aquí.
El juez, nombrado por el ex presidente Donald Trump preguntó al gobierno si todos los pobres de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití podrían beneficiarse automáticamente del programa, mientras que a los demandantes les reclamó que prueben el daño económico que supuestamente les causa el Parole.
A finales de julio, más de 72.000 haitianos, 63.000 venezolanos, 41.000 cubanos y 34.000 nicaragüenses habían sido evaluados y autorizados a venir a Estados Unidos mediante el programa.