Según documentos y testimonios recogidos por la ONG, desde hace más de treinta años especialistas cubanos —como contadores, técnicos y financieros— son enviados a trabajar a esa refinería en condiciones que difieren significativamente de las pactadas oficialmente: aunque en los contratos figuren salarios y beneficios similares a los de sus colegas canadienses, en la práctica sufren un régimen de supervisión estricto y retención sustancial de sus ingresos.
Un contrato confidencial de 2016 demuestra esta disparidad: un especialista podía ganar oficialmente 95 450 dólares canadienses al año, pero tras impuestos y la obligación de enviar la mayoría del salario a Cuba, solo le quedaban entre 600 y 1 000 dólares al mes —dependiendo si viajaba solo o con su familia—, mientras que hasta el 84 % restante era canalizado hacia cuentas controladas por el régimen en el Banco Financiero Internacional, ligado al conglomerado militar GAESA.
Este sistema también impone restricciones severas a la libertad personal: los trabajadores no pueden relacionarse con la población local ni salir del área sin permiso, deben moverse siempre en grupo bajo vigilancia, y reciben instrucción política mensual de forma clandestina para eludir la supervisión canadiense.
A pesar de contar con vivienda, acceso a atención médica y un auto arrendado, los salarios netos apenas cubren lo básico, lo que hace difícil sostenerse y mucho menos enviar dinero a sus familias en Cuba. Como resultado, al menos 40 trabajadores cubanos han decidido desertar y permanecer en Canadá, a pesar de enfrentarse a sanciones como la prohibición de regreso a Cuba por ocho años o penas de prisión de tres a ocho años según el Código Penal cubano.
Archivo Cuba denuncia también que las autoridades canadienses ya han reconocido a los desertores como víctimas de explotación laboral, lo que les permitió regularizar su situación migratoria. Y advierte que, si las denuncias se confirman, Canadá podría estar incumpliendo el Protocolo de Palermo (Convención contra la Trata de Personas), al tolerar un sistema de trata dentro de su territorio.