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SUSCRIBITELa Fiscalía General de la República de Cuba presentó cargos contra Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación, por graves delitos como espionaje, malversación, cohecho y lavado de activos. El caso ya fue trasladado a los tribunales, donde la Fiscalía solicita penas de prisión
La Fiscalía General de la República de Cuba presentó formalmente cargos contra el exministro de Economía y Planificación, Alejandro Miguel Gil Fernández, por una extensa lista de delitos graves, entre ellos espionaje, malversación, lavado de activos y cohecho, según informó la institución este viernes 31 de octubre.
El caso, que marca uno de los escándalos políticos más relevantes de los últimos años en la Isla, avanza ahora a instancia judicial tras la culminación de las investigaciones realizadas por los órganos del Ministerio del Interior (MININT).
La Fiscalía confirmó que se ejerció acción penal pública contra Gil Fernández y varios coimputados, y que las actuaciones fueron presentadas ante el tribunal competente.
De acuerdo con la nota oficial, se solicitaron sanciones privativas de libertad “en correspondencia con los hechos cometidos”, asegurando además que el proceso ha respetado las garantías procesales establecidas en la Constitución cubana.
Entre los delitos imputados se encuentran:
Espionaje
Actos en perjuicio de la actividad económica o la contratación
Malversación
Cohecho
Falsificación de documentos públicos
Evasión fiscal
Tráfico de influencias
Lavado de activos
Violación de normas sobre documentos clasificados
Sustracción y daño de documentos u objetos bajo custodia oficial
La Fiscalía cubana subrayó que su actuación se realiza “en representación del Estado”, conforme a su mandato constitucional, y que el proceso ya se encuentra en fase judicial a la espera de las decisiones del tribunal.
El caso que sacudió al régimen cubano
El exministro Alejandro Gil Fernández, quien también se desempeñó como viceprimer ministro, fue destituido en febrero de 2024 tras ser acusado de “graves errores” en su gestión.
Un mes después, el gobierno confirmó que Gil enfrentaba un expediente penal en Fiscalía, admitiendo “graves imputaciones” y renunciando a su condición de miembro del Partido Comunista y diputado a la Asamblea Nacional.
El régimen afirmó en ese momento que “no se permitirán la corrupción ni la insensibilidad”, y que cuanto mayor fuera la confianza depositada en un funcionario, “mayor será el rigor con que se actúe”.
Un legado económico en crisis
Durante su mandato, Gil fue una de las figuras más visibles de la política económica cubana, especialmente tras la implementación del polémico plan de reordenamiento monetario, que terminó profundizando la inflación y la escasez.
En diciembre de 2023, el entonces ministro reconoció ante el Parlamento que la economía cubana no alcanzó los niveles planificados en varios sectores clave, con caídas en la producción de alimentos y combustibles, mientras el país enfrentaba apagones prolongados y deterioro de los servicios públicos.
Meses después, admitió el fracaso parcial de la “Tarea Ordenamiento”, calificándola de “ineficaz” y reconociendo que no cumplió los objetivos propuestos.
Contexto actual
Con la imputación de Alejandro Gil, el régimen de La Habana busca enviar un mensaje de “cero tolerancia” ante la corrupción, aunque analistas advierten que el caso también podría tener un componente político.
La causa avanza ahora hacia su fase judicial, donde se definirá la magnitud de las penas y el alcance de las responsabilidades de los implicados.
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