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El gobierno castrista implementó un programa donde se regula la salida del país a los cubanos deudores de impuestos. Mediante un convenio entre la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) del Ministerio del Interior (Minint), el organismo de recaudación tributaria le pasa los nombres de los deudores para que no los dejen salir del país cuando se presenten en los aeropuertos para abordar un vuelo.
La nueva categoría de regulados, que por años se ha utilizado para mantener cautivos a los opositores políticos, médicos y otros profesionales, ahora se extiende a cualquier cubano que le deba un peso a la ONAT.
El régimen está sediento de dinero y sobre esa lógica actúa, pues presupone que todo el que viaja al exterior no regresará a Cuba.
Yudith Navarro Ricardo, jefa del departamento de cobranza de la Dirección de Recaudación de la ONAT, explicó en la web de la Oficina que tras suscribir dicho convenio en 2022, se decidió regular a los contribuyentes personas naturales con deudas "significativas".
Desde que comenzó a aplicarse la medida se han regulado alrededor de 600 contribuyentes.
Según la directiva, la medida consiste en la prohibición de salir a los deudores que pretenden viajar, o emitir el aviso de entrada para aquellos que lo hicieron antes de que les fuera determinada la deuda y notificada la regulación.
En cuanto al monto de la deuda por la cual a la persona se le priva de su derecho a salir al exterior, Navarro Ricardo precisó que puede variar en dependencia del acuerdo que se concrete entre la ONAT y la DIIE.
La funcionaria recalcó que este convenio está amparado por la Ley No.113 del Sistema Tributario, que faculta a la ONAT a imponer sanciones a los contribuyentes que no cumplen con el pago de sus tributos, las cuales van desde los recargos y las multas, hasta otras no pecuniarias como el embargo de cuentas bancarias, el cierre de establecimientos y el retiro de incentivos fiscales.
Si la persona continúa sin pagar su deuda, la Oficina puede acusarla del delito de evasión fiscal, que incluye sanciones de multas y de privación de libertad.
La ONAT cerró 2022 con más de mil millones de pesos en deudas de los contribuyentes.
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