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El gobierno cubano ha tomado medidas drásticas contra 45 comercios que no cumplían con la obligación de ofrecer pagos electrónicos, como parte de su campaña de bancarización. Tanto establecimientos estatales como privados se vieron afectados por esta clausura, considerada una consecuencia grave por parte de las autoridades.
Los medios de comunicación afiliados al gobierno informaron sobre la clausura de estos comercios, destacando que muchos de ellos eran Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) y puntos de venta pertenecientes al Ministerio de Agricultura (Minag), que habían sido reincidentes en su incumplimiento.
La Resolución 93/2023 del Ministerio de Comercio Interior establece claramente la obligación de tener habilitados los pagos electrónicos para poder operar comercialmente. Según esta normativa, todos los establecimientos comerciales, ya sea de forma temporal o permanente, deben contar con la capacidad de aceptar pagos a través de pasarelas nacionales o terminales de punto de venta.
En un esfuerzo por garantizar el cumplimiento de esta regulación, se han llevado a cabo acciones de control en los últimos días, resultando en el apercibimiento de más de 10.000 actores económicos, incluyendo estatales, TCP, Mipymes, proyectos de desarrollo local y cooperativas no agropecuarias. Se encontró que el 58% de estas entidades no contaban con ningún medio de pago electrónico, lo que evidencia un retraso significativo en la adopción de tecnologías financieras modernas.
Como resultado de estas inspecciones, se procedió al cierre de 45 establecimientos que no cumplieron con los requisitos establecidos. Entre los comercios clausurados se encuentran restaurantes, bodegas, puntos de venta de alimentos y diversos servicios.
El Ministerio de Comercio Interior ha instado a los consumidores a informar sobre cualquier intento de pago electrónico fallido a través de los medios de contacto proporcionados, con el fin de seguir garantizando el cumplimiento de esta medida y mejorar la experiencia del consumidor en el mercado cubano.
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