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SUSCRIBITEEn un documento de 167 páginas publicado el lunes en la gaceta oficial cubana, se detallan diversas leyes y regulaciones que introducen nuevos impuestos, complicados requisitos burocráticos y limitaciones a las actividades de pequeñas y medianas empresas
El gobierno de Cuba ha anunciado una serie de nuevas medidas que impondrán restricciones adicionales al sector privado, incluyendo límites a las actividades de comercio mayorista. Estas disposiciones, según las autoridades, buscan "corregir las distorsiones económicas", aunque es probable que intensifiquen la escasez y agraven la inflación en medio de una profunda crisis económica.
En un documento de 167 páginas publicado el lunes en la gaceta oficial cubana, se detallan diversas leyes y regulaciones que introducen nuevos impuestos, complicados requisitos burocráticos y limitaciones a las actividades de pequeñas y medianas empresas, cooperativas no agrícolas y trabajadores por cuenta propia, que conforman el emergente sector privado de la isla.
De acuerdo con las nuevas normativas, anunciadas previamente por el primer ministro Manuel Marrero durante una sesión de la Asamblea Nacional, las pequeñas y medianas empresas privadas, conocidas como mipymes, y las cooperativas podrán seguir importando bienes del extranjero.
No obstante, solo podrán importar y vender productos en el mercado mayorista si esta es su "actividad principal" registrada y únicamente a través de contratos con participación de entidades estatales. Según una lista oficial compilada por el Ministerio de Economía, de las 11,88 empresas privadas y cooperativas existentes, solo una empresa privada tiene el "comercio al por mayor" como su actividad principal.
Estas medidas podrían alterar significativamente las cadenas de suministro en el sector privado, dado que muchas empresas han encontrado rentable importar bienes no solo para sus propios negocios, sino también para vender a otros, incluidos trabajadores por cuenta propia. Asimismo, las nuevas regulaciones, que entrarán en vigor en 30 días, prohibirán a los trabajadores autónomos realizar actividades de compraventa al por mayor.
Datos oficiales revelan que el sector privado importó alimentos y otros bienes por un valor de 1.300 millones de dólares en 2023 y otros 936 millones de dólares en lo que va de 2024, proporcionando un alivio crucial para la población cubana durante la peor crisis económica en décadas.
Estas nuevas regulaciones siguen a la imposición el mes pasado de controles de precios sobre ciertos productos alimenticios vendidos por el sector privado, lo que ya ha provocado desabastecimiento.
Aunque el gobierno enfrenta dificultades para financiar la distribución de alimentos a través de las cartillas de racionamiento, las autoridades cubanas, que insisten en que las "empresas socialistas" estatales deben predominar en la economía, se han mostrado hostiles al rápido crecimiento del sector privado. Marrero ha acusado a los empresarios de evasión fiscal y se ha comprometido a implementar controles más estrictos, lo que ha generado preocupación sobre el futuro económico de la isla.
El sector privado ha emergido como un competidor formidable del conglomerado militar GAESA, que controla amplias áreas de la economía cubana.
Al limitar qué empresas pueden participar en la venta al por mayor y garantizar la intervención estatal, el gobierno podría estar buscando asegurar que los bienes comprados por el sector privado se vendan en tiendas gubernamentales o se utilicen para revitalizar las industrias estatales.
El economista cubano Pedro Monreal, quien reside en España, expresó en X que estas restricciones podrían favorecer a los grandes actores del sector privado con conexiones gubernamentales, aunque el impacto de estas medidas aún no se comprende por completo, ya que el Ministerio de Comercio Interior aún no ha emitido las regulaciones necesarias para su implementación.
Las nuevas leyes también estipulan que las empresas privadas deben realizar todas sus transacciones comerciales a través de cuentas bancarias cubanas y en moneda local, el peso cubano. Este requisito, que genera incertidumbre entre los empresarios cubanos, podría dificultar el pago a proveedores en el extranjero, ya que muchas empresas actualmente utilizan cuentas bancarias en terceros países para estas operaciones debido a la falta de dólares en los bancos cubanos.
Ric Herrero, director ejecutivo del Cuba Study Group, una organización cubanoamericana con sede en Washington, calificó estas nuevas leyes como un retroceso significativo para la economía cubana, argumentando que generan incertidumbre y parecen destinadas a obstaculizar el crecimiento del sector privado nacional, favoreciendo a las empresas estatales de bajo rendimiento.
En lugar de abrir el sector privado a la inversión extranjera, el nuevo decreto del gobierno exige que los propietarios de las empresas sean cubanos con residencia permanente en la isla, excluyendo a los cubanos que viven en el exterior de ser propietarios legales de estos negocios. Aunque algunos cubanoamericanos han intentado eludir estas prohibiciones, la nueva ley también penaliza a aquellos que actúan como testaferros para otros.
Por primera vez, se permitirá a extranjeros poseer negocios privados en Cuba, pero solo si son residentes permanentes del país. Sin embargo, las nuevas regulaciones no abordan la posibilidad de que estos negocios reciban inversión extranjera, algo que la mayoría de los economistas considera esencial para el desarrollo económico de la isla.
Las regulaciones también incrementan el número de actividades prohibidas para el sector privado, pasando de 112 a 125, manteniendo fuera del alcance de este sector profesiones relacionadas con el turismo, la banca, telecomunicaciones y medios de comunicación. Otras normas, como la que exige que los productores de miel vendan únicamente al Estado, parecen diseñadas para limitar la competencia privada.
El nuevo marco legal añade más trámites burocráticos para la apertura de negocios, lo que según Herrero podría exacerbar la corrupción a nivel local. Además, se eliminan incentivos fiscales y se impone un impuesto adicional del 5% a la fuerza laboral para los trabajadores por cuenta propia, quienes solo pueden contratar hasta tres empleados.
Oniel Díaz Castellanos, quien dirige una empresa de asesoría para el establecimiento de negocios privados, señaló que muchas de estas regulaciones no son nuevas y mantienen "prohibiciones absurdas, lamentables y contraproducentes". Aunque considera que no serán "catastróficas" a corto plazo, cree que las nuevas reglas van en contra de los objetivos declarados por el gobierno de mejorar la economía. "Mal andamos", concluyó.
FUENTE: elnuevoherald.com
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