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Cuba

Compañías de cruceros de EEUU contrataron servicios turísticos ilegales con agencias de Cuba

Evidencias hechas públicas en Miami confirmarían que viajes promovidos como contactos 'pueblo a pueblo' durante el Gobierno de Obama fueron turismo ilegal disfrazado

El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana durante el Gobierno de Barack Obama marcó una relajación en las regulaciones de viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba para promover el contacto entre ambos pueblos. El turismo seguía siendo ilegal y las compañías de cruceros lo sabían. Sin embargo, cuatro de ellas (Carnival, Royal Caribbean, Norwegian y MSC Cruises) firmaron acuerdos con agencias del régimen de la Isla para brindar servicios turísticos a sus pasajeros, publica El Nuevo Herald.

La evidencia, hecha pública en la corte federal de Miami, confirmaría lo que temían muchos cubanos en el exilio: los viajes promovidos bajo la categoría "people to people" (contactos "pueblo a pueblo"), que debían servir para que los estadounidenses que viajaban a Cuba participaran en iniciativas humanitarias y de impacto social que ayudaran a los cubanos a independizarse del Estado, eran realidad turismo ilegal disfrazado, señala un extenso reporte de la periodista Nora Gámez Torres reproducido por Yahoo! Noticias.

La compañía Carnival registró una subsidiaria en la Cámara de Comercio de Cuba en 2018 con el propósito declarado de "realizar actividades comerciales relacionadas con el turismo". Firmó un memorando de entendimiento con el Grupo Gaviota, empresa de turismo que pertenece a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba.

Royal Caribbean incluso hizo consultas con una agencia legal del régimen cubano para obtener permisos con el objetivo de abrir y operar casinos en Cuba. Los documentos muestran también que Royal se benefició de la reventa de "visas de turista" cubanas a pasajeros con un margen de beneficio del 50 por ciento.

Ambas, además de la compañía Norwegian, firmaron contratos con Havanatur, la agencia de viajes más grande del Ministerio de Turismo de Cuba para que proveyera "servicios turísticos" a sus pasajeros, según muestran los registros. MSC Cruceros, por su parte, hizo lo mismo con Cubanacán.

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Como parte de las ofertas, las líneas de cruceros comercializaron y vendieron excursiones ofrecidas por las compañías cubanas, desde una "clase de coctelería" hasta pasar una velada "bajo el cielo cubano" en el famoso Cabaret Tropicana y excursiones a las playas de Varadero y Santa María, que probablemente no cumplían con los requisitos de las licencias generales de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) que autorizaban tanto a los cruceros como a los pasajeros a viajar a Cuba.

Las compañías de cruceros siguieron adelante pese a que fueron advertidas por el Departamento del Tesoro de que la autorización para llevar viajeros a Cuba no era excusa para violar otras leyes y reglamentos. También se arriesgaron a hacer negocios con el régimen cubano, aunque sabían que algunos de los puertos que iban a utilizar eran objeto de disputas por reclamos de propiedad, pues fueron confiscados a sus dueños por el Gobierno de Fidel Castro.

Es el caso de la compañía estadounidense Havana Docks, que alega que las líneas de cruceros usaron ilegalmente sus tres muelles en el puerto de La Habana, confiscados por el régimen cubano en 1960.

Havana Docks ha demandado a cada una de las compañías de cruceros. Según El Nuevo Herald, los documentos vinculados a esas demandas muestran que las cuatro compañías obtuvieron al menos 1,1 mil millones de dólares en ingresos por viajes a La Habana entre 2016 y 2019.

El régimen cubano también se benefició con poco más de 138 millones de dólares en ese período.

El fallo de un juez de que las empresas estaban involucradas en actividades turísticas confirmaría las sospechas de muchos cubanoamericanos y funcionarios públicos del sur de la Florida: que los viajes bajo la categoría de "people to people" fueron una cortina de humo para justificar el turismo ilegal que enriqueció al régimen cubano y lo ayudó a financiar su aparato represivo.

El fallo podría aumentar las posibilidades de un pago multimillonario a Havana Docks en compensación por el uso ilegal de sus propiedades en Cuba.

Una jueza federal del Distrito Sur de Florida decidirá si las demandas van a juicio.

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