El decreto 318, en vigor desde noviembre de 2013, se emitió para probar nuevas formas de comercialización de los productos agropecuarios en las provincias de La Habana, Mayabeque y Artemisa. Su esencia consiste en tratar de disminuir los intermediarios entre productores y consumidores, y así coadyuvar a la disminución de los precios de esos renglones.
Sin embargo, al no sobrevenir la pretendida rebaja de los precios después de un año de la aplicación del experimento, se percibe cierta dosis de desconcierto en las filas gubernamentales. Es como si de ello dependiera el futuro de los cambios implementados por el gobernante Raúl Castro. En ese contexto la prensa oficialista ha venido publicando algunos reportajes en los que productores y comercializadores se culpan los unos a los otros por los altos precios que se observan en las placitas y mercados.
Aquellos que responsabilizan a los productores afirman que estos están aplicando márgenes excesivos de ganancia sobre los costos de producción. Pero los hombres que trabajan la tierra cuentan con sólidos argumentos para demostrar que no es la ganancia, sino sus costos los que les impiden reducir los precios de venta. Por ejemplo, hoy resultan más caros los abastecimientos productivos ?entre ellos la maquinaria agrícola, los abonos y los fertilizantes? que las empresas agropecuarias estatales les suministran a los productores. Además, en el caso de las cooperativas u otros productores que contratan fuerza de trabajo, son mayores sus gastos por concepto de salario, pues ya nadie trabaja la tierra por menos de 100 pesos la jornada. Una cifra que, de laborar un obrero 24 días al mes, arrojaría un importe de 2.400 pesos, es decir, seis veces más que el salario promedio de un trabajador estatal.
Del lado opuesto se ubican los que critican a los intermediarios ?que es como se conoce a la mayoría de los comercializadores?, acusados de encarecer demasiado los productos por sobre los precios de venta de los productores. Incluso, no faltan voces que claman por que las cooperativas acudan a los mercados mayoristas como El Trigal y realicen también la labor de comercialización, para sacar de allí a los "malvados intermediarios".
Quienes piensan de esa manera obvian que los intermediarios son trabajadores por cuenta propia reconocidos por las leyes, amparados por las categorías de "vendedor mayorista o minorista de productos agropecuarios". Y si las autoridades se vieron forzadas a reconocerlos fue porque la realidad demostró que ellos, contra viento y marea, conseguían los medios de transporte, el combustible y los envases, y hacían llegar los productos a los consumidores. Comportamiento muy distinto al del ineficiente sistema de acopio estatal, responsable de que se echaran a perder infinidad de productos al no ir a recogerlos.
Así las cosas, visitamos el mercado agropecuario de Tulipán y Panorama, en el barrio habanero de Nuevo Vedado. Este establecimiento, que antaño funcionaba mediante el sistema de oferta-demanda, reabrió sus puertas hace poco arrendado a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Antero Regalado. Comoquiera que en este mercado no existen intermediarios ?los propios cooperativistas ofertan los productos?, era de esperar que los precios fueran asequibles a la población. Y aunque resultan algo más bajos que los observados en otras formas de comercialización, todavía esos precios son elevados para el ciudadano promedio, tal y como comentaban algunas de las personas que efectuaban sus compras.
Pero no fueron los precios, precisamente, lo que más llamó nuestra atención. Resalta, en primer término, la involución sufrida por este mercado en lo referido a la variedad y calidad de los productos. No había malanga ni plátanos, mientras que las tarimas ocupadas exhibían tomates, boniatos y piñas, entre otros productos, de pésima calidad. Al parecer, no se equivocaron los que pronosticaron semejante declive con el paso a esta "más socialista" forma de gestión.
Mas, sea de una u otra forma, lo cierto es que aún la producción no satisface la demanda nacional de productos agropecuarios, no obstante las últimas estadísticas oficiales que muestran crecimientos productivos con respecto a años anteriores. A las necesidades de la población, el consumo social y el turismo, se agregan nuevos destinatarios como los locales gastronómicos arrendados, y las paladares y cafeterías de los cuentapropistas. Mientras esa situación se mantenga, es poco probable que apreciemos une reducción de precios en el sector.
Entretanto, el desasosiego oficialista lleva a algunos de sus partidarios a reclamar la adopción de medidas extremas ?y en algunos casos probadamente ineficaces?, como la ya mencionada eliminación de los intermediarios, o la fijación de precios topados por el Estado. Ojalá se imponga la cordura, y semejantes reclamos no pasen de ser una alucinación en mentes trasnochadas.