El fallo del panel, con 2 votos a favor y 1 en contra, es el más reciente revés para los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump por imponer control sobre las elecciones administradas por los estados.
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SUSCRIBITELOS ÁNGELES (AP) — El Tribunal de Apelaciones del 9no Circuito rechazó el viernes la solicitud del Departamento de Justicia para que California separe las boletas en disputa recibidas en las elecciones de mitad de mandato.
El fallo del panel, con 2 votos a favor y 1 en contra, es el más reciente revés para los esfuerzos del gobierno del presidente Donald Trump por imponer control sobre las elecciones administradas por los estados.
El gobierno ha alegado que California envió boletas a unas 20.000 personas que podrían no ser ciudadanos estadounidenses. Quiere que el estado separe esas boletas y no las cuente hasta que se pueda verificar la ciudadanía. Autoridades de California sostienen que la lista es muy poco fiable y probablemente incluye a muchas personas que sí son ciudadanos de Estados Unidos.
Un juez de un tribunal de distrito ya había rechazado enérgicamente esa solicitud y advirtió que las exigencias del Departamento de Justicia podrían privar del derecho al voto a ciudadanos.
“Como determinó el tribunal de distrito —y no advertimos un error claro— no existe una manera viable de identificar y separar las boletas de personas específicas sin efectos potencialmente catastróficos para todo el sistema”, escribió el tribunal de apelaciones.
El fallo es el más reciente episodio de una amplia batalla legal entre el gobierno federal y el estado antes de los comicios de mitad de mandato, que se realizarán el martes. Millones de personas en California ya han votado.
La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Mark J. Bennett, designado por el presidente Donald Trump, y el juez Gabriel P. Sanchez, designado por el expresidente Joe Biden.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre el fallo.
Cientos de miles de boletas ya han sido procesadas. Funcionarios electorales han señalado que los votos procesados quedan completamente anonimizados y no pueden vincularse de nuevo con los votantes que los presentaron.
El fallo se produce en medio de un escrutinio federal más amplio sobre las elecciones locales, mientras el gobierno de Trump emite una serie de citatorios en Alaska por una controversia relacionada con un candidato presuntamente incorporado a la contienda para quitarle votos al aspirante republicano. El Departamento de Justicia también entregó a autoridades del estado de Washington una lista de presuntos votantes no ciudadanos.
La mañana del viernes, un juez federal en Washington ordenó al gobierno de Trump que comparta la lista de nombres en disputa con abogados de la Coalition for Humane Immigrant Rights y del UCLA Voting Rights Project. Estos organismos quieren la lista para poder examinar quién figura en ella y evaluar su impacto en los votantes habilitados.
Será la primera vez que una organización no gubernamental tenga la oportunidad de evaluar los méritos de la lista de unas 20.000 personas.
Fiscales del gobierno de Trump han argumentado que también hay mucho que perder si no ciudadanos votan ilegalmente, al sostener que contabilizar esos votos diluiría la voz de los ciudadanos.
El candidato demócrata a gobernador Xavier Becerra es asesor del UCLA Voting Rights Project.
Ambos grupos demandaron al Departamento de Seguridad Nacional a inicios de octubre para impedir que utilice datos federales de inmigración para impugnar los padrones electorales estatales. En la demanda se mencionan ejemplos en otros estados donde se ha demostrado que los datos del gobierno federal incluyen por error a miles de ciudadanos. Se argumenta que los métodos de cotejo de datos conllevan el riesgo de privar del derecho al voto a ciudadanos o disuadirlos de votar. Además, argumentaron los demandantes, las listas podrían apuntar de manera desproporcionada a ciudadanos naturalizados que tienen derecho legal a votar.
Una coalición de sindicatos también se sumó el viernes a la creciente lista de grupos que impugnan los esfuerzos del gobierno federal.
Los sindicatos, entre ellos la A.F.L.-C.I.O. y la American Federation of State, County and Municipal Employees, piden a un juez federal que impida temporalmente que el Departamento de Justicia exija que funcionarios locales dejen de contar boletas y que retire las amenazas de procesar penalmente a los funcionarios que no cumplan con sus exigencias.
El principal fiscal federal en Los Ángeles, Bill Essayli, advirtió que “cualquier funcionario electoral que, a sabiendas, procese la boleta de un no ciudadano se expone a problemas legales”.
El jueves, The Associated Press obtuvo citatorios emitidos a funcionarios electorales del condado de Los Ángeles. En ellos se solicita cualquier documento y comunicación relacionados con cartas enviadas en julio y octubre por funcionarios federales a autoridades electorales estatales en las que se exponen las acusaciones sobre votantes no ciudadanos. También se busca cualquier información sobre esfuerzos para impedir que se cuenten votos de no ciudadanos. Al menos a tres funcionarios electorales del condado de Los Ángeles se les ha pedido comparecer ante un jurado investigador el 4 de noviembre, el día después de las elecciones.
En la demanda se acusa al Departamento de Justicia de emitir amenazas contra funcionarios electorales, las cuales podrían interferir con su capacidad para procesar votos.
No se sabe si el Departamento de Justicia pretende presentar cargos penales contra alguien. Por lo general, el departamento no cita a personas a las que considera objetivos de una investigación penal para que comparezcan ante un jurado investigador.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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