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SUSCRIBITENUEVA YORK (AP) — El Departamento de Transporte de Estados Unidos decidió erróneamente retener casi 74 millones de dólares en fondos para carreteras al estado de Nueva York luego que el gobierno estatal se negara a revocar casi 33.000 licencias de conducir comerciales cuestionables para inmigrantes cuando una auditoría reveló problemas el año pasado, determinó una corte federal de apelaciones el viernes.
Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 2do Circuito, con sede en Manhattan, concluyó en una decisión escrita que la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes, un organismo del Departamento de Transporte de Estados Unidos, actuó de una manera “arbitraria, caprichosa o contraria a la ley” al sancionar a Nueva York.
La corte de apelaciones indicó que no se puede culpar al estado por no cancelar licencias cuando un conductor comercial perdió el estatus legal para permanecer en Estados Unidos, porque en ese momento no existían normas que exigieran dicha cancelación.
Las licencias de conducir se refieren a vehículos comerciales como camiones, remolques, limusinas y autobuses.
El Departamento de Transporte comenzó a hacer cumplir los requisitos vigentes de idioma inglés para camioneros en el verano de 2025. La preocupación por las calificaciones de los conductores de camiones cobró entonces mayor urgencia tras un percance vial ocurrido en Florida en agosto de 2025, cuando se acusó a un camionero de realizar un giro en U ilegal que causó la muerte de tres personas. El secretario de Transporte, Sean Duffy, manifestó que ese conductor, originario de India, nunca debió haber recibido una licencia.
Las auditorías realizadas en todos los estados revelaron numerosas licencias de conducir comerciales para no domiciliados que seguían siendo válidas mucho después que los permisos de trabajo de un inmigrante hubieran vencido, o que se emitieron sin verificar adecuadamente su estatus de ciudadanía.
Desde entonces, alrededor de 26.000 conductores han sido retirados de las carreteras por no demostrar dominio del inglés, y el Departamento de Transporte explicó que se cancelaron 30.000 licencias comerciales porque se emitieron ilegalmente.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, se quejó cuando se presentó la demanda en abril de que el gobierno federal estaba reteniendo injustamente dinero que el estado necesita para reparar carreteras y puentes. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó los recortes federales en primavera como “devastadores” y los describió como una “represalia política”.
Los inmigrantes representan alrededor del 20% de todos los conductores de camiones, y las licencias para no domiciliados que pueden recibir los inmigrantes representan aproximadamente el 5% de todas las licencias de conducir comerciales, o cerca de 200.000 conductores.
Grupos en defensa de inmigrantes han indicado que creen que muchos conductores están siendo señalados injustamente.
La disputa surgió luego que el secretario de Transporte, Sean Duffy, endureciera las normas que regulan cuándo los inmigrantes pueden obtener una licencia de conducir comercial.
Autoridades dijeron que tomaron medidas contra estados como Nueva York tras enterarse de que algunas licencias seguían siendo válidas mucho después que un inmigrante ya no tuviera autorización de permanecer en el país. Las autoridades señalaron que Nueva York emitía licencias válidas por ocho años, independientemente de cuánto tiempo siguiera siendo válida la visa de un conductor.
El Departamento de Transporte no hizo comentarios al respecto el viernes. Un mensaje en busca de comentarios de la oficina de la fiscal general de Nueva York no ha sido respondido.
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Funk reportó desde Omaha, Nebraska.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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