El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en una decisión que marca un momento sin precedentes en la historia política y judicial del país.
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SUSCRIBITEEl expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado a 12 años de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en una decisión que marca un momento sin precedentes en la historia política y judicial del país.
La condena fue emitida por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien ordenó además la detención domiciliaria inmediata del exmandatario. Según el fallo, que abarca más de 1.100 páginas, las pruebas recopiladas durante el proceso judicial fueron suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia que lo amparaba.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable como determinador penalmente responsable de soborno en actuación penal en concurso homogéneo y en concurso heterogéneo con fraude procesal. Aunque fue absuelto de cargos menores, como el de soborno simple en el caso de Hilda Niño Farfán y de fraude procesal en el caso “Pacho Cundinamarca”, el grueso de la acusación fue validado por la jueza.
La sentencia impone una pena de 144 meses (12 años) de prisión, una multa económica equivalente a 2.425 décimos del salario mínimo legal mensual vigente, e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por un periodo de 100 meses y 20 días.
Uribe cumplirá la pena en modalidad de prisión domiciliaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 38B del Código Penal. Para ello, deberá presentar una póliza judicial por el valor de cuatro salarios mínimos legales y firmar un compromiso formal. El cumplimiento de esta medida será coordinado por las autoridades judiciales de Rionegro, Antioquia, su lugar de residencia.
La sentencia fue notificada en estrados y está sujeta a apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. De acuerdo con medios locales, se espera que el propio Uribe presente su apelación de forma personal en los próximos días. “Me voy a centrar en la solución”, escribió el exmandatario en sus redes sociales, asegurando que ya trabaja en su defensa legal.
El documento judicial también justifica la urgencia de la detención domiciliaria, argumentando que permitir que Uribe continúe en libertad podría generar una percepción negativa entre los ciudadanos, especialmente cuando ya existe una condena en primera instancia.
La comunidad política y jurídica del país sigue de cerca el desarrollo de este caso que, por su alcance, podría redefinir la relación entre el poder político y la justicia en Colombia.
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