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Con 16 votos a favor de los legisladores del oficialista Frente de Todos contra 15 de los opositores, la comisión parlamentaria decretó el jueves la admisibilidad de más de una decena de pedidos de juicio político contra los magistrados Horacio Rosatti -presidente del máximo tribunal-, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
En los hechos, esto significa que a partir de ahora se inicia una investigación formal contra los miembros de la Corte Suprema que incluye la recolección de testimonios y de pruebas que demuestren su mal desempeño. Las conclusiones de esta pesquisa luego serán elevadas a las cámaras de diputados y senadores para su votación.
“El tenor de las denuncias -de ser probadas- serían el preludio de una situación de extrema gravedad institucional que implica la ruptura de la armonía que debe asegurar dentro de un Estado Federal y un régimen republicano y democrático”, según el dictamen aprobado este jueves en la comisión de juicio político.
Uno de los impulsores del proceso fue el propio presidente, Alberto Fernández, con el respaldo de 11 gobernadores oficialistas luego de un reciente fallo del máximo tribunal que obligó al Estado nacional a pagarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% del monto total recaudado por impuestos -que se distribuye entre las 23 provincias y la capital-, frente al 2,32% que recibía.
Si bien aceptó acatar el fallo, el mandatario lo calificó como una muestra de parcialidad del tribunal en favor del gobierno capitalino liderado por Horacio Rodríguez Larreta, uno de los principales dirigentes de la oposición y con aspiraciones presidenciales en los comicios generales de octubre.
El gobierno también acusó a la Corte de haber interferido en la composición del Consejo de la Magistratura -que se ocupa de la selección y remoción de los jueces- para beneficiar a la mayor fuerza opositora.
Desde la oposición, calificaron la decisión de la comisión de juicio político como un ataque a la Constitución.
“Quieren anular un poder del Estado, despreciando la democracia y atentando contra la Constitución nacional”, advirtió el alcalde Rodríguez Larreta. “Tenemos dos certezas: no va a prosperar y la segunda es que hará un daño gravísimo a nuestra economía. ¿Quién invierte en un país en el que su presidente quiere anular el Poder Judicial?”.
El oficialismo no cuenta por el momento con la mayoría especial requerida (dos tercios de legisladores presentes) en el recinto para avanzar en la remoción de los jueces supremos.
FUENTE: Associated Press
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