Las luchas sindicales y gremiales del sector público que se están dando en Venezuela desde el 09 de enero por reivindicaciones salariales son un mecanismo de defensa ante un país que se creía adormecido, al no ocurrir desde 2019 masivas manifestaciones sociales. Así lo consideran politólogos y psiquiatras, señalando que las principales encuestas del país han registrado desde las elecciones regionales de 2021 que cerca del 60% de la población electoral, es decir, unos 12.6 millones de venezolanos no se identifican ni con el Gobierno ni con la oposición, porque ninguno de estos dos sectores ha resuelto los principales problemas que agobian a los ciudadanos, como salarios justos, freno a la inflación, fallas en los servicios públicos y salida democrática a la crisis.
“Las protestas del sector público, que involucran a unos 10 millones de venezolanos de la nómina del Estado, entre activos y jubilados, surgen como una llama de esperanza. Se dan con un único propósito: resolver problemas existenciales porque un jubilado no puede vivir con el equivalente a 5.2 dólares al mes, ni un docente tipo 6, que ocupa el más alto nivel del escalafón salarial, puede sobrevivir ganando 24 dólares mensuales. La sociedad no puede tolerar más el estado al que los llevó el Gobierno que por dos décadas despilfarró por vías de la corrupción unos 300 mil millones de dólares que ingresaron al país en la bonanza petrolera desde la época de Hugo Chávez”, opinó Marco Tulio Mendoza, médico psiquiatra.
Analistas señalan que buena parte de esa población descontenta que participó en marchas políticas y en actividades de la oposición venezolana masivamente desde 2014 exigiendo la salida del gobierno de Nicolás Maduro, entró en una fase de desesperanza aprendida desde el 30 de abril de 2019, en el intento de golpe de Estado dirigido por Leopoldo López y Juan Guaidó, cuando ocupaba la extinta presidencia interina en la que se le hizo creer a la población que se tenía el apoyo militar, pero no se logró ningún cambio.
Marco Tulio Mendoza explica que a partir de ese momento, la mayoría de la población venezolana entró en un estado de desesperanza aprendida. “Se trata de un agotamiento en el sistema de defensa psíquico de las personas. Se da por la frustración. Cuando un individuo tiene la capacidad inicial de resistencia ante la adversidad y se dispone a luchar, pero esas luchas son socavadas por sistemas coercitivos, represivos, que oprimen. Es allí cuando el ciudadano siente que todo su esfuerzo no sirve de nada, no encuentra salidas y llega un momento que se cansa”, mencionó.
En el caso de Venezuela, asegura que esa desesperanza aprendida se da en todos los niveles de Gobierno. A nivel local, a nivel salarial, la frustración es porque el 80% del país, según la Encuesta Condiciones de Vida (Encovi) que realiza la UCAB, no tiene capacidad de adquirir la canasta alimentaria. A nivel de educación también se da, porque el sector de educación pública está en decadencia por la deserción de docentes, por las fallas en la infraestructura y el abandono estudiantil por la pobreza, y porque si se compara con la educación privada hay una brecha enorme de desigualdad.
“Llega un momento en que a la gente se le quitan las ganas de luchar, deja de creer en todo y se deprime. Es una forma de depresión social para manifestarse, apabullado por la realidad y sin posibilidades de cambio a corto plazo”, explicó el psiquiatra. Esa frustración ha hecho que más de 7.1 millones de personas hayan emigrado de Venezuela, según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
FUENTE: laprensadelara.com
