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SUSCRIBITELa ruptura del SOTE en Esmeraldas provocó el derrame de 3.800 barriles de crudo, afectando a más de 500.000 personas y contaminando varios ríos.
El Gobierno de Ecuador ha denunciado un presunto acto de sabotaje tras la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) el pasado 13 de marzo en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Este incidente causó el derrame de aproximadamente 3.800 barriles de petróleo, contaminando cinco ríos y dejando sin agua potable a más de medio millón de personas.
Inicialmente, se atribuyó la rotura a un deslizamiento de tierra provocado por las intensas lluvias. Sin embargo, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, declaró que informes del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) sugieren que el incidente fue intencional. "Lo que nos informan es que eso es algo provocado, es un sabotaje", afirmó Manzano.
La ministra también señaló que un empleado de Petroecuador está bajo investigación por abrir sin autorización un dique de contención en el río Viche, lo que agravó la contaminación. Además, alertó sobre posibles planes para afectar el Sistema Integrado Papallacta, que suministra agua potable a Quito, y mencionó amenazas de contaminación en otros tres ríos.
El derrame ha tenido un impacto ambiental significativo, con expertos declarando "muertos" a los ríos Viche y Caple debido a la contaminación. Las autoridades han distribuido agua potable a las comunidades afectadas y están coordinando con la Policía y las Fuerzas Armadas para proteger las fuentes hídricas.
La empresa estatal Petroecuador declaró "fuerza mayor" en sus operaciones y suspendió temporalmente el transporte de crudo a través del SOTE. Tras seis días de paralización, el oleoducto reanudó operaciones luego de las reparaciones necesarias.
El Gobierno ha declarado emergencia ambiental en Esmeraldas y está trabajando en la remediación de las áreas afectadas, incluyendo manglares en la desembocadura del río Esmeraldas. Organizaciones internacionales han expresado interés en colaborar en la recuperación de estas zonas protegidas.
Este incidente destaca la vulnerabilidad de la infraestructura crítica del país y la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para prevenir futuros actos de sabotaje que puedan afectar tanto al medio ambiente como a la población.
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