Sala, de 53 años, fue trasladada a tempranas horas del sábado al penal femenino de la provincia de San Salvador de Jujuy, al norte argentino, tras una orden de revocatoria a su detención domiciliaria, emitida por el juez Pablo Pullen Llermanos y publicada por la televisora TN.
La dirigente volvió al penal en que estuvo por un año y medio, acusada de asociación ilícita, fraude y amenazas. Sala, de origen indígena, ha negado los cargos y se considera una perseguida política.
“La resolución del juez Pullen Llermanos dice que es por incumplimiento de las condiciones de la detención domiciliaria", informó el ministro de Gobierno y Justicia de Jujuy, Oscar Agustín Perassi, en declaraciones a la televisora TN. La autoridad se refirió a que el 31 de octubre Sala recibió el beneficio de detención domiciliaria con el requisito que se sometiera a revisiones médicas periódicas tras gestiones de la CIDH.
La defensa consideró el traslado un “secuestro” al no ser notificados sobre la revisión médica para esta semana. Señaló que la revocatoria de la detención domiciliaria se encontraba en apelación y que se trató de una decisión “arbitraria” del juez, según explicó en rueda de prensa la abogada Eli Gómez.
“Se la llevaron en pijamas y descalza", indicó Pedro Raúl Noro, esposo de Sala, a la prensa argentina.
Mientras que la abogada defensora agregó que “estamos muy preocupados, se está atentando contra los derechos y la vida de Sala”.
La misión a Jujuy enviada por la CIDH para constatar el estado de la activista concluyó que Sala se encontraba “en una situación de gravedad y urgencia toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable” y solicitó a las autoridades argentinas que adopten “medidas alternativas a la detención preventiva como el arresto domiciliario, o bien, que la señora Milagro Sala pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica”.
La dirigente fue arrestada el 16 de enero de 2016 por incitación a la violencia durante una protesta contra las autoridades locales en su natal provincia de Jujuy, unos 1.650 kilómetros al norte de Buenos Aires. La también diputada del Parlamento del Mercosur sumó luego nuevos cargos en su contra a partir de una denuncia del gobierno provincial por supuesta malversación de fondos públicos.
FUENTE: Associated Press