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SUSCRIBITELIMA (AP) — Víctimas de un programa de esterilizaciones forzadas en Perú durante el gobierno del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) anunciaron el miércoles que apelarán una decisión que archivó una investigación de casi un cuarto de siglo contra 52 exfuncionarios y que afectó a 4.172 personas, en su mayoría mujeres rurales.
Sigfredo Florián, uno de los abogados de las víctimas, dijo en conferencia de prensa que apelarán la decisión de la cuarta fiscalía provincial de derechos humanos que halló indicios de esterilizaciones sin consentimientos, pero que pese a ello aplicó una ley de prescripción de 2024 considerada inconstitucional por la Corte Suprema.
La ley, calificada por Naciones Unidas como un “retroceso” en las obligaciones internacionales de Perú, impide calificar como crímenes de lesa humanidad hechos previos al 1 de julio de 2002. La norma fue impulsada por el partido de la presidenta Keiko Fujimori y sigue vigente porque el Tribunal Constitucional, enfrentado a la Corte Suprema, rechazó en 2025 las demandas presentadas en contra de esta ley.
“Jamás me voy a arrodillar mientras esté viva, quiero justicia verdadera, justicia que sea justicia”, dijo en la conferencia Dionicia Calderón, campesina de 64 años y esterilizada en 1997.
La mujer del distrito Los Morochucos recordó cómo fue llevada junto a otras al hospital en un camión, “como animales”, con engaños para recibir alimentos del Estado. Al tratar de escapar la durmieron y esterilizaron, aseguró. “Desperté en el piso, con dolor y náuseas”.
Su relato es similar al de miles de peruanas pobres e indígenas. Calderón indicó que su primer esposo se fue de casa al enterarse de la operación, su herida de la cirugía se infectó porque “tenía que trabajar como burra” cultivando la tierra y vendió hasta sus "gallinitas” para comprar medicina en una farmacia a 90 kilómetros de distancia.
Entre los favorecidos por el archivo de la investigación está el senador fujimorista Alejandro Aguinaga, exministro de Salud en el gobierno de Fujimori. Aguinaga dijo en agosto al diario El Comercio que el programa no era únicamente de esterilización masiva sino que brindaba “todos los métodos y tenía un millón de parejas protegidas por año con todos los métodos”. Aguinaga votó por la aprobación de la ley que lo ha beneficiado.
La decisión fiscal se conoció el lunes. La presidenta Fujimori, quien fue primera dama en el gobierno de su padre Alberto Fujimori, no se ha pronunciado. El miércoles cumplía una visita de estado en El Salvador.
El programa de Alberto Fujimori registró más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y 24.000 de hombres, muchas bajo coacción y sin consentimiento válido, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El más alto tribunal en derechos humanos de América Latina determinó que el plan se dirigió desde las máximas autoridades contra mujeres pobres, rurales e indígenas.
En marzo la Corte Interamericana sentenció por primera vez a Perú por la muerte de Celia Ramos Durand, esterilizada en 1997 tras acudir a un puesto de salud en busca de atención dental. Tenía 34 años, tres hijas y murió después de agonizar 19 días. Ramos fue presionada y desinformada por funcionarios que la operaron en un establecimiento sin equipos para emergencias, según la sentencia de la Corte.
Las esterilizaciones forzadas han quedado presentes en el imaginario popular de Perú. Por más de dos décadas las activistas que denuncian la ligadura de trompas de falopio a la fuerza se han manifestado en marchas o presentaciones frente a la Corte Suprema con las faldas y piernas manchadas con tinta roja.
FUENTE: AP
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