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SUSCRIBITECARACAS (AP) — El gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció el miércoles el comienzo de un proceso de reestructuración de su deuda pública externa de Venezuela y la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A: (PDVSA) , casi un mes después que el país sudamericano reanudó relaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras siete años de interrupción.
“Esta decisión tiene un objetivo central: poner la economía al servicio del pueblo venezolano y liberar al país de la carga de la deuda acumulada, garantizando su futuro y un renacer de prosperidad, justicia e igualdad”, dijo la vicepresidencia Sectorial de Economía en un comunicado divulgada por la estatal Venezolana de Televisión.
“Venezuela demostró a lo largo de los años solvencia” y cumplió “con todas sus obligaciones internacionales”, con capacidad y ”voluntad por cubrir sus compromisos hasta que "se vio impedida a partir del año 2017, producto de las de sanciones financieras”, acotó el escrito.
Las sanciones prohibieron transacciones en bonos emitidos por el gobierno venezolano y PDVSA e impidieron operaciones con ciertos bonos en poder del sector público y el pago de dividendos al gobierno por parte de Citgo, la filial estadounidense de la petrolera venezolana, lo que restringió marcadamente las fuentes de financiamiento del país.
“Por demasiado tiempo, el país ha sido privado al acceso normal a financiamiento y su economía perdió capacidad para invertir en salud, electricidad, agua, educación, infraestructura, recuperación productiva y el bienestar de su población”, agregó el comunicado, sin dar otros detalles.
La deuda externa venezolana, a la que se suma los compromisos y pasivos de PDVSA, se estima en unos 170.000 millones de dólares, de acuerdo con cifras de la organización civil Transparencia Venezuela, publicado en marzo pasado.
El anuncio se produjo después que el FMI y el Banco Mundial anunciaran paralelamente el 1 de abril que reanudaron las relaciones con Venezuela que habían estado suspendidas desde 2019 debido a problemas relacionados con el reconocimiento del gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro.
En 2019, el líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien en enero de ese año se declaró presidente interino de Venezuela, fue reconocido por Estados Unidos y otras varias decenas de países como el gobernante legítimo de Venezuela, ya que consideraron que los comicios de 2018 en los que Maduro fue reelecto para un segundo mandato fueron fraudulentos.
La legitimidad de Maduro siguió en duda tras los polémicos comicios presidenciales del 28 de julio de 2024. Maduro fue declarado ganador sin presentar evidencias de que obtuvo 6.4 millones de votos frente a los 5.3 millones del opositor Edmundo González. El opositor fue reconocido como presidente electo de Venezuela por varios gobiernos tras mostrar pruebas creíbles de su victoria electoral ante Maduro.
En contraste, la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha dado una serie de pasos, entre ellos levantar las sanciones de vieja data impuestas a Rodríguez, una clara señal de que Estados Unidos la reconoce como una autoridad legítima en Venezuela desde que en una operación militar Estados Unidos capturó a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en la capital venezolana, el pasado 3 de enero.
En marzo, los gobiernos de Washington y Caracas acordaron reanudar las relaciones diplomáticas tras el acercamiento que siguió a la operación militar. Maduro y su esposa fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos federales por tráfico de drogas.
FUENTE: AP
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