La nueva y definitiva condena para la acusada, identificada por las autoridades húngaras únicamente como Maja T., fue dictada después de que un tribunal inferior impusiera la pena de ocho años en una audiencia en febrero. Tanto la fiscalía como la defensa apelaron ese fallo: la fiscalía solicitó 14 años y la defensa pidió la absolución.
Las autoridades sostienen que Maja T. fue una de más de una docena de activistas que agredieron a participantes en un evento anual de extrema derecha en Budapest conocido como el “Día del Honor”, una de las mayores concentraciones neonazis de Europa.
Los fiscales afirmaron que Maja T. y otros responsables “planearon proseguir su lucha ideológica contra los partidarios de la extrema derecha” y “agredir a víctimas seleccionadas con diversos instrumentos capaces de causar la muerte”.
Un grupo de simpatizantes de la acusada se reunió el miércoles fuera del tribunal, en el centro de Budapest, ondeando pancartas y exigiendo su liberación. Al entrar en la sala, Maja T. sonrió a otros simpatizantes que se habían congregado dentro para la audiencia.
Al reducir la condena, el juez indicó que Maja T. debía ser considerada cómplice y no autora en uno de los cargos, y que no debía ser considerada integrante de una organización criminal, como se le imputó originalmente.
El padre de Maja T., Wolfram Jarosch, declaró a The Associated Press que, aunque el veredicto fue más favorable que la decisión del tribunal inferior, “personalmente estoy muy decepcionado”.
“Creo que Maja se tomó la noticia con mucha calma, pero también creo que es muy deprimente para Maja. Siete años es un tiempo extremadamente largo”, indicó Jarosch.
Tras ser detenida por las autoridades alemanas en Berlín, Maja T. fue extraditada a Hungría en diciembre de 2024. El Tribunal Constitucional de Alemania dictaminó el año pasado que la extradición fue ilegal porque no podía garantizarse que la acusada no fuera sometida a un trato inhumano o degradante bajo custodia húngara.
Jarosch señaló el miércoles que Maja T. había estado sometida a una “detención muy indigna”, incluido el aislamiento, lo cual no cumplía con los estándares europeos de derechos humanos. Las autoridades húngaras y el Servicio Penitenciario de Hungría han negado esas acusaciones.
Otros simpatizantes de Maja T. han puesto en duda las posibilidades de que la acusada tenga un juicio justo en Hungría, donde el ex primer ministro derechista Viktor Orbán designó el año pasado a antifa como una organización terrorista.
Antifa, un término paraguas para activistas y grupos de extrema izquierda vinculados de manera laxa que se oponen al fascismo, a los fascistas y a los neonazis, se asemeja más a una ideología que a una organización, aunque algunos han adoptado tácticas extremistas.
Jarosch señaló que, si bien condena la violencia ocurrida en Budapest, considera la acción antifascista “absolutamente importante y necesaria, el compromiso contra tendencias autoritarias y fascistas como las que lamentablemente también vemos en Alemania con la AfD”, en referencia al partido de extrema derecha Alternativa para Alemania.
Otra presunta agresora en los ataques de 2023, la activista antifascista italiana Ilaria Salis, estuvo encarcelada en Hungría durante más de un año tras las agresiones, lo que derivó en una disputa diplomática entre Roma y Budapest por su trato durante la detención.
Salis fue trasladada a arresto domiciliario en mayo de 2024 y quedó en libertad un mes después, tras obtener inmunidad legal al ganar un escaño en el Parlamento Europeo. Los fiscales húngaros han solicitado una condena de 11 años para Salis y, aunque el anterior gobierno de Hungría pidió al Parlamento Europeo que suspendiera su inmunidad parlamentaria, este se negó.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP