Tribunal hondureño posterga emitir veredicto en caso de desaparición que expuso tráfico sexual

“Hay muchas más mujeres y niñas que han sido víctimas de redes de trata, y esos casos están silenciados, están en impunidad”, manifestó Kenia Paz, abogada del Equipo Jurídico por los Derechos Humanos que representa a la familia de Peña.

Paz señaló que el caso ha dejado expuesta una red criminal “más amplia de lo que inclusive nosotras mismas nos podemos imaginar”, y pidió que el Estado dé respuestas sobre lo que le ocurrió a Peña.

Peña, de 22 años, desapareció el 1 de enero de 2022 tras dar un paseo en moto acuática mientras vacacionaba con su familia en Roatán, una isla frente a la costa de Honduras. Al principio, las autoridades investigaron su desaparición como un posible accidente, pero el caso se amplió a una investigación por trata después de que la moto acuática que utilizó fuera hallada en Belice, a unas 90 millas náuticas (170 kilómetros) de distancia.

En agosto de 2022, las autoridades que registraban la casa de Johnston en Roatan en relación con la desaparición de Peña encontraron allí a un menor. Johnston fue acusado de trata sexual con fines comerciales y pornografía infantil, y fue sentenciado a 32 años de cárcel en un caso distinto al del proceso relacionado con Peña.

En abril de 2024, las autoridades pidieron emitir órdenes de captura contra cuatro personas más, entre ellas Green, Murdock y Trejo. Las autoridades hondureñas le han solicitado a la Interpol que emita una notificación para la cuarta persona, el estadounidense Antony Frank Grayson.

El Ministerio Público de Honduras ha dicho que todos los sospechosos forman parte de una red de trata sexual que incluía a menores, y que el grupo también cometió otros delitos, incluido el narcotráfico. Sostiene que policías y al menos un juez ayudaron a facilitar la red criminal, sin identificar a los funcionarios.

Los abogados defensores de los acusados han negado que estos hayan participado, y solicitaron sean absueltos. McNeil, el testigo protegido que fue asesinado, denunció además que había corrupción en una unidad especial del Ministerio Público conocida como la ATIC. En videos dados a conocer tras su muerte, acusó a la unidad de filtrar información sobre el caso y de estar vinculada a redes de narcotráfico. El director de la ATIC negó cualquier acto de corrupción y señaló que la unidad no ha participado en la pesquisa de la desaparición de Peña.

Villanueva, la exviceministra, dijo a The Associated Press que cree que los fiscales han manejado mal el caso desde el inicio. Han intentado imponer una explicación de “visión de túnel” sobre lo ocurrido, señaló, la cual oculta la estructura criminal más amplia a su alrededor, que comparó con la red de trata sexual de Epstein.

Un análisis de medios hondureños encontró que el país fue mencionado más de 100 veces en los archivos de Epstein, incluidas varias referencias a Roatán.

Villanueva pidió que se haga justicia en el caso.

“Hay conexiones con otras redes mayores, y sólo dándole a conocer es que esta familia va a poder tener justicia”, expresó. “Y hablar de Angie no es Angie por sí sola. Son todas (las) que están alrededor de Angie. Son muchas”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP