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SUSCRIBITEUna ley de Texas promulgada en 2023 que faculta a la policía estatal para arrestar a personas sospechosas de haber ingresado sin autorización legal al país podrá entrar en vigor después de que un tribunal federal de apelaciones revirtió el viernes el fallo de un tribunal de menor instancia que había frenado la implementación de la medida durante años.
La Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito revirtió la orden judicial temporal sin pronunciarse sobre las cuestiones legales de fondo debido a que la parte demandante carecía de bases legales para interponer la demanda, de acuerdo con la orden del tribunal.
La Legislatura aprobó la ley, conocida como Proyecto de Ley del Senado 4 (SB 4), en respuesta a un número sin precedente de cruces ilegales por la frontera que, según el estado, equivalía a una invasión. La cifra ha ido en descenso desde entonces.
Históricamente, el gobierno federal era el único que podía aplicar las leyes de inmigración. Los legisladores de Texas buscaron desafiar ese precedente al impulsar esta nueva ley, la cual no tardó en enfrentar impugnaciones constitucionales de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes y de los derechos civiles, quienes sostuvieron que la aplicación de las leyes de inmigración es tarea exclusiva del gobierno federal.
En una decisión de 10-7, el tribunal de apelaciones resolvió el viernes que los demandantes --Las Americas Immigrant Advocacy Center, American Gateways y el condado de El Paso-- no podían continuar con una demanda.
“Estos demandantes asumieron voluntariamente costos para defender a clientes. Según precedentes recientes de la Corte Suprema, eso está muy lejos de conferir legitimación. Anulamos la orden judicial preliminar en sentido contrario”, señala la orden del Quinto Circuito.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró el fallo en redes sociales.
“El derecho de Texas para arrestar a inmigrantes ilegales, proteger a nuestros ciudadanos y hacer cumplir las leyes de inmigración es fundamental”, afirmó Paxton. “Esta es una gran victoria para la seguridad pública y la ley y el orden”.
La SB 4 establece como delito menor en el estado el cruzar la frontera desde México hacia Texas sin autorización legal, y le permite a las autoridades arrestar a personas sospechosas de haberla violado la ley. La iniciativa también exige que jueces magistrados estatales ordenen que las personas arrestadas por ingreso ilegal deban salir del país hacia México en lugar de ser procesadas o en caso de ser declaradas culpables.
El gobierno del expresidente Joe Biden impugnó la ley, argumentado inconstitucionalidad, pero la actual presidencia de Donald Trump retiró la participación del Departamento de Justicia en la demanda.
Funcionarios de Texas han defendido la ley dentro y fuera de los tribunales, afirmando que el estado tiene derecho a defenderse de la migración ilegal que, según líderes republicanos, equivalía a una invasión. Las cortes han rechazado en gran medida ese argumento en las últimas décadas, y los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes expresaron preocupación de que ese discurso pueda incitar a la violencia contra los inmigrantes.
El tribunal de apelaciones no abordó el argumento de la invasión, y se limitó a resolver sobre la legitimación de los demandantes, al tiempo que subrayó que la decisión se tomó “sin abordar los méritos” del caso. Sin embargo, el juez James Ho sostuvo en una opinión concurrente que Texas tenía derecho a defenderse, y citó un libro que plantea que México y otros países han utilizado a los migrantes como un arma en contra de Estados Unidos.
“Si nuestros adversarios van a usar a la migración masiva como un arma para perjudicar a Estados Unidos, así como a otros países, nuestros funcionarios electos tienen el derecho a responder en consecuencia”, escribió. “Y, en cualquier caso, estos son asuntos políticos por los que los funcionarios electos rinden cuentas ante los votantes, no ante los jueces”.
De momento se desconoce si la SB 4 entraría en vigor de inmediato.
Nicolas Palazzo, director de servicios legales de Las Americas Immigrant Advocacy Center, afirmó que la corte de apelaciones “tomó el camino fácil” al negarse a pronunciarse sobre los méritos de la demanda.
“Al evitar la pregunta central sobre la ilegalidad de la S.B. 4, dejó el camino completamente abierto para que la S.B. 4 continúe su reinado de miedo y de perfilamiento selectivo contra los migrantes y sus familias, socavando la seguridad y la protección en El Paso”, expresó Palazzo en un comunicado. “Sin embargo, seguimos comprometidos a continuar impugnando la S.B. 4 y su abuso de poder”.
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Esta historia fue publicada originalmente por The Texas Tribune y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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