Fernando Aramayo, quien encabezaba el Ministerio de Relaciones Exteriores, pasará a ocupar el Ministerio de la Presidencia y será el brazo derecho del mandatario. El nuevo canciller será Héctor Huanca, quien era viceministro de Gestión Consular. Además, se anunció que José Luis Lupo, que era titular de la Presidencia, será embajador ante la Organización de los Estados Americanos.
Dentro de su plan de austeridad, Paz también anunció el cierre de dos ministerios, el de Planificación y el de Turismo, con lo cual redujo a 12 el número de carteras del Estado.
Samuel Doria Medina, que solía ser el principal aliado político del gobierno y es líder del partido Unidad Nacional —de centroderecha y tercera fuerza en el legislativo--, anunció la semana pasada que abandonaba la alianza con el gobierno, alegando que la actual administración no va a mejorar debido a decisiones tardías y denuncias de corrupción. El también empresario les pidió a los legisladores de su partido que de ahora en adelante sean “oposición constructiva”, pero ninguno de ellos renunció a la alianza.
Paz afrontó un agudo estallido social entre mayo y junio del presente año, en el que hubo cortes carreteros durante 53 días, los cuales aislaron a La Paz y a otras ciudades. Los bloqueos estuvieron encabezados por sindicatos que pedían la renuncia del mandatario, exigiendo respuestas a la peor crisis económica del país en 40 años. Bajo una intensa presión debido a la agitación social, Paz anunció una reorganización de su gabinete y un “cambio de rumbo” en su gestión.
A punto de cumplir nueve meses en el cargo, el mandatario dijo que está pasando de “reordenar la casa” a una “etapa de transformaciones”, con el fin de responder a los ciudadanos y para que Bolivia tenga “apertura al mundo”. La semana pasada, su gobierno anunció un acuerdo con el FMI por 1.900 millones de dólares en créditos para reactivar la economía.
Los bolivianos celebrarán su fiesta patria el 6 de agosto, y se prevé que el mandatario anuncie las reformas que anticipó para transformar la economía. Entre ellas están una ley de inversiones, cambios a la legislación minera y de hidrocarburos, e incluso una reforma de la Constitución.
Sus aliados y opositores han criticado la lentitud para aplicar reformas frente a la crisis, la cual se traduce en escasez de dólares para importar combustibles y carestía de la vida. Los racionamientos de gasolina y diésel están afectando al transporte y a la vital industria agropecuaria.
FUENTE: AP