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El Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) impuso dos multas a Aguadilla Pier Corp., la empresa que tuvo que demoler una obra que desarrollaba ilegalmente sobre la cueva Las Golondrinas, en la costa de Aguadilla, tras determinar que provocó daños a un tanque de melaza ubicado en la propiedad que ha sido catalogado como de valor histórico por la dependencia.
La multa fue notificada a la corporación y su agente residente, Carlos Román González, el 5 de junio, de acuerdo con el documento al que este medio tuvo acceso. A consecuencia de la falta administrativa, el ICP impuso una primera multa de $10,000 “por demolición sin endoso o recomendación favorable del ICP, pérdida o daño al patrimonio histórico edificado”, seguida de otra penalidad que asciende a $10,000 “por cada día que subsista la infracción y no se tomen las acciones o medidas necesarias para corregir o remediar la violación o violaciones incurridas”.
Al momento de publicación, no había sido posible corroborar con el ICP si la empresa había cumplido con el pago de las multas o el alcance de los daños que habría sufrido el tanque de melaza, que formaba parte de las instalaciones del antiguo muelle de azúcar de Aguadilla. Tampoco había sido posible conseguir una reacción de Aguadilla Pier o Román González.
El ICP sostuvo en la notificación, por medio del director del Programa de Patrimonio Histórico Edificado, Héctor Balvanera Alfaro, que Aguadilla Pier actuó “en contravención con lo establecido por las disposiciones reglamentarias que rigen y buscan preservar los sitios y zonas históricas y propiedades de valor histórico según certificadas por el ICP”, específicamente “al haber intervenido físicamente o haber llevado a cabo acciones que causaron daño a una propiedad identificada como de valor histórico (el tanque de melaza sito en la propiedad de referencia, el cual formó parte de las operaciones para la comercialización de azúcar llevadas a cabo en el lugar), sin contarse con el endoso o recomendación favorable previa de nuestra agencia”.
La notificación consigna que las personas o entidades multadas por el ICP tienen derecho a presentar, dentro de 10 días, una contestación o solicitar una vista informal.
El 22 de marzo, el juez Johnny Reyes Villanueva, del Tribunal de Aguadilla, dio por cumplida la orden de demolición y remoción de escombros que había emitido contra Aguadilla Pier por las construcciones ilegales en el acantilado costero. El cumplimiento se produjo luego de que el juez autorizara dos extensiones solicitadas por la empresa para completar la demolición de un salón de actividades y un potrero que se habían erigido en violación de normativas ambientales, incluyendo la ley que protege las cuevas y cavernas.
El ICP había hecho constar sus objeciones a la construcción desde abril de 2021, cuando consignó que el proyecto debía procurar una SRA, como se le conoce a la solicitud de recomendación de arqueología y conservación histórica, debido a la presencia de estructuras relacionadas al antiguo muelle de azúcar. En enero de este año, mientras Aguadilla Pier tramitaba los permisos de demolición, el ICP reiteró sus objeciones a que los trabajos se ejecutaran sin una SRA.
En esa ocasión, el ICP mencionó que la demolición propuesta abarcaba tanto el almacén como el tanque de melaza, “propiedades históricas relacionadas al antiguo muelle del azúcar”, por lo que “la actividad de demolición que se propone implica impacto adverso a recursos culturales pertenecientes al patrimonio inmueble de Puerto Rico”. El comentario del ICP detalló que las instalaciones se construyeron alrededor de 1958 y que estuvieron en operaciones hasta 2010.
El proyecto en cuevas Las Golondrinas no es la única obra desarrollada por Román González en la costa aguadillana que ha estado inmersa en controversias legales. En abril, el propio juez Reyes Villanueva desestimó una demanda que buscaba detener el desarrollo del condohotel The Cliff, al concluir que los demandantes, la organización Salva Aguadilla e Inversiones Vilmasor, carecían de legitimidad activa para presentar el pleito.
En ese caso, los demandantes habían alegado que The Cliff Corp, otra empresa de Román González, había obtenido los permisos a base de información falsa.
FUENTE: elnuevodia.com
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