La Asociación Lambda pidió que se declare inconstitucional el artículo 78 del Código Civil que señala que “el matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí”. La acción va específicamente dirigida a eliminar los términos “hombre y mujer” y “procrear”.
En Guatemala no está prohibido el matrimonio igualitario, pero tampoco lo reconoce la legislación. Este tipo de unión es legal a nivel nacional en ocho países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Chile y Cuba. México también lo permite en sus 32 estados aunque no hay una ley nacional.
La asociación dijo que la normativa se basa en la orientación sexual de las personas contrayentes “cuyo efecto jurídico consiste en excluir del acceso al matrimonio entre parejas del mismo sexo (lo que es inconstitucional)”.
En su escrito afirmó que la normativa viola los preceptos constitucionales de libertad e igualdad, derechos inherentes a la persona humana y la preeminencia del derecho internacional, como otros principios y derechos humanos contenidos en instrumentos internacionales, además de que es discriminatoria.
La agrupación se identifica como un mecanismo de documentación, registro, investigación, generación y análisis de datos sobre la violencia contra la población LGBTIQ+.
En 2022, el gobierno del entonces presidente Alejandro Giammattei declaró a la capital guatemalteca como “Capital Pro Vida de Iberoamérica”. Al mismo tiempo el oficialismo, que era entonces la fuerza mayoritaria en el Congreso, endureció penas contra el aborto y prohibió el matrimonio igualitario.
La polémica ley que criminalizaba el aborto, que también prohibía incluir el tratamiento de la diversidad sexual en la educación, generó gran rechazo en la población y protestas por lo que el Congreso debió dar marcha atrás y la archivó.
FUENTE: AP