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SUSCRIBITEQUITO (AP) — Una operación regional en la que participaron Ecuador y Panamá en coordinación con autoridades estadounidenses dejó cinco detenidos, incluido el hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz, informó el miércoles el ministro del Interior, John Reimberg.
Según anunció el funcionario en su cuenta de X, los aprehendidos —dos en Panamá y tres en Ecuador— son requeridos por Estados Unidos por supuestos delitos relacionados con narcotráfico y tienen notificación roja de Interpol, por lo que se iniciarán los “respectivos procesos de extradición”, dijo.
Entre los detenidos, Reimberg identificó a Jacobo Bucaram Pulley, hijo del exmandatario Bucaram Ortiz (1996-1997). Ambos fueron sentenciados en septiembre por delincuencia organizada, pero el fallo fue apelado. No se informó si el apresamiento tiene relación con este caso.
Además, en Panamá fueron arrestados Jaime Estrada Bonilla y su hijo Jaime Estrada Medrando, conocidos empresarios y exasambleístas ecuatorianos.
El primero en reaccionar en redes sociales fue el expresidente quien aseguró que su hijo fue detenido con una orden internacional “sin siquiera… saber de qué se trata”.
Reimberg subrayó en un primer mensaje que “no hay privilegios, no hay intocables y no hay espacio para la impunidad”. No entregó detalles del caso.
Un tribunal penal condenó en septiembre al exmandatario y a su hijo a más de nueve años de prisión en calidad de cooperadores de una red de delincuencia organizada.
Según el fallo, en 2020 los sentenciados integraron una red delictiva que se benefició de la venta ilegal de 21.000 pruebas de detección de COVID-19 y otros insumos como medicamentos o mascarillas, que escaseaban durante la emergencia sanitaria.
Al expresidente de 72 años le correspondería cumplir arresto domiciliario debido a su edad, según establece la ley.
Bucaram Ortiz gobernó Ecuador entre 1996 y 1997. Su período se acortó a escasos seis meses tras ser destituido por el Congreso en medio de innumerables escándalos que salpicaban su administración. Los legisladores alegaron “incapacidad mental”, lo cual nunca fue avalado por un diagnóstico profesional.
FUENTE: AP
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