En una opinión adoptada en 2025 durante su 104 periodo de sesiones, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó que la detención inicial de Castillo —ocurrida el 7 de diciembre de 2022, cuando aún era presidente de Perú— no respetó un procedimiento especial establecido en la ley para procesar a un jefe de Estado. Además, señaló que se violaron artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Castillo fue detenido esa mañana por su propia escolta policial en una calle del centro de Lima cuando, junto a su esposa y sus dos hijos menores, se dirigía a la embajada de México en la capital peruana luego de haber intentado disolver sin éxito el Parlamento y gobernar por decreto a través de la lectura de un discurso.
El grupo indicó que, pese a ser presidente, en vez de ser conducido al Parlamento, Castillo fue llevado a una estación policial. El Congreso lo destituyó horas después de su detención. También añade que el Estado peruano no justificó la prolongación sucesiva de la prisión preventiva contra Castillo, la cual se extendió casi tres años en una cárcel exclusiva para expresidentes.
Los expertos indicaron que el exmandatario no contó con las garantías de un juicio justo, no tuvo acceso oportuno a un abogado de su confianza, su defensa no dispuso de tiempo para preparar su estrategia, y el procedimiento seguido no respetó plenamente el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial. El grupo también considera que debe recibir una “indemnización y otros tipos "de reparación”, de acuerdo al derecho internacional.
La destitución de Castillo provocó una serie de manifestaciones en los Andes, que luego de cuatro meses dejaron 50 civiles muertos a manos de la policía y soldados del ejército.
En 2025, Castillo fue sentenciado a más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión, pero su defensa apeló esa decisión. Al mismo tiempo, es investigado por presunta corrupción durante su gobierno. El exmandatario ha presentado seis pedidos de indultos, los cuales han sido rechazados.
La solicitud de libertad para Castillo fue una promesa de campaña del candidato progresista Roberto Sánchez, quien perdió el balotaje presidencial ante la ahora presidenta electa Keiko Fujimori, que iniciará su gestión el 28 de julio.
El presidente interino José Balcázar declaró el miércoles a la radio local RPP que no tiene ninguna solicitud de “indulto o de gracia presidencial” a favor de Castillo, pero aseguró que podría darlo “a cualquier condenado o procesado que la ley” le autorice.
FUENTE: AP
