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La fiscalía de Perú ratificó su pedido de cárcel para el exmandatario (1990-2000), de 85 años, en la audiencia judicial por el asesinato y desaparición forzada de los campesinos Jhon Calderón Ríos, César Rodríguez Esquivel, Toribio Ortiz Aponte, Pedro Agüero Rivera, Nieves Arias Velásquez y Felandro Castillo Manrique, cometido con el grupo militar clandestino Colina en 1992 en Pativilca, casi 200 kilómetros al norte de Lima.
Según la acusación, el Estado desplegaba entonces una guerra antisubversiva contra el grupo maoísta Sendero Luminoso en que fueron asesinados miles de inocentes. La fiscal, Elsa Delgado, precisó que los cargos del caso eran delitos de lesa humanidad, una categoría que impide su prescripción, según ha establecido el Derecho internacional.
La fiscalía adujo que, como presidente del país, Fujimori elaboró una política para eliminar presuntos terroristas, en un esquema similar al de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, por las que fue condenado el exmandatario.
Fujimori fue excarcelado dos semanas atrás, pese a estar cumpliendo pena de cárcel por esas dos masacres, después de que el Tribunal Constitucional peruano validara un indulto por razones humanitarias que años atrás le había concedido el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y que fue después anulado judicialmente.
Por decisión de la autoridad constitucional se resucitó el indulto y el exmandatario salió de prisión, en desacato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Fujimori participó en la audiencia del nuevo juicio por conexión remota y solo intervino para identificarse y dar su domicilio. Mencionó que vive con su hija, la excandidata presidencial Keiko Fujimori.
Además, estuvo su exasesor Vladimiro Montesinos, también acusado en el caso, conectado desde otro espacio de una prisión que funciona en una base naval.
En el caso, además se enjuicia a Montesinos y a varios integrantes del destacamento militar Colina por la masacre de La Cantuta, en que fueron asesinados y desaparecidos nueve estudiantes y un profesor de la universidad pública Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El abogado de Fujimori, Elio Riera, planteó dos recursos a favor de su cliente: la excepción de naturaleza de acción, que se usa para aducir que los hechos no constituyen delito, y la de cosa juzgada, que apunta a que ya se culminó un proceso por esos mismos hechos.
“Observamos que se trataría de recursos dilatorios al normal desarrollo del proceso”, comentó el abogado Christian Huaylinos, defensor de las víctimas a The Associated Press.
La continuación de la audiencia judicial está prevista para el 4 de enero del próximo año.
FUENTE: Associated Press
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