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SUSCRIBITEEl general José Guillermo García, ex ministro de Defensa, y el coronel Francisco Antonio Morán, exdirector de la extinta Policía de Hacienda, están entre los militares cuya captura ha sido ordenada, informó a The Associated Press la Fundación Comunicándonos, que representa en el país a las familias de las víctimas.
Ni la Policía Nacional Civil, encargada de cumplir la orden del juzgado, ni el Ministerio Público han confirmado las órdenes de captura ni si alguna se ha concretado ya. La AP intentó contactar a ambos organismos, pero no habían respondido por el momento.
En marzo familiares y representantes del gobierno de Holanda y de la Unión Europea exigieron al El Salvador que lleve ante la justicia a los responsables del asesinato de los periodistas holandeses Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Hohannses Jan Willemsen, el cual fue documentado por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas. Dicha comisión compiló los crímenes cometidos en El Salvador durante los 12 años de guerra civil, concluidos en enero de 1992.
La resolución es de la jueza María Mercedes Arguello del departamento de Chalatenango, donde se notifica la orden de detención.
El coronel Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la Cuarta Brigada de Infantería, también está mencionado. Él reside en Estados Unidos y será sometido a un proceso de extradición.
La resolución también incluye al general Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor General de las fuerzas armadas, fallecido el 29 de junio de 2020, y al sargento Mario Canizales, quien también ya murió. Supuestamente Canizales dirigía la patrulla que perpetró la emboscada y la masacre de los periodistas.
A los coroneles Morán y Reyes Mena, así como a Canizales, se les señala como autores inmediatos del delito, mientras que a los generales García y Flores Lima se les menciona por el delito de omisión.
Oscar Pérez, de la Fundación Comunicándonos, señaló que en marzo de 2018 la fundación presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General para que se investigara el asesinato. En respuesta, agregó, la Fiscalía judicializó el caso y envió el expediente a un juzgado del municipio de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, donde en 1982 “se abrió el caso, pero sin acusar a nadie”.
FUENTE: Associated Press
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