El ejército detuvo en junio de 2009 a Ramiro Ramírez, Rodrigo Ramírez, Orlando Santaolaya y Ramiro López en una playa y durante la detención, el traslado a un cuartel militar y el tiempo que permanecieron en su poder los soldados les propinaron golpes, aplicaron descargas eléctricas, simularon ahogamientos con bolsas de plástico, les extrajeron las uñas y les amenazas de muerte para que confesasen ser autores de un secuestro.
Desde entonces permanecen en prisión.
Ahora Naciones Unidas pide que se les ponga en libertad y se les indemnice por la detención ilegal, por las secuelas que la tortura les ha provocado y por la falta de atención médica a la que fueron sometidos.
En el comunicado en el que la institución hizo público el caso, se señala también que lo ocurrido muestra sólo "la punta del iceberg sobre el empleo de la tortura en el país" que califica de "endémico, generalizado y sistemático".
El gobierno tiene 90 días para responder. La Secretaría de Relaciones Exteriores no respondió a las preguntas de The Associated Press.
La presencia del ejército en tareas de seguridad ciudadana en México se remonta al gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que decidió enfrentarse a los cárteles del narcotráfico con el apoyo de las fuerzas armadas debido a la poca confianza que se tenía, y tiene, en los cuerpos policiales. Las críticas, recurrentes desde el primer día, no han dejado de aumentar. Muchos se preocupan por las vulneraciones de los derechos humanos en las que puede incurrir elementos de los cuerpos de seguridad del estado que no han sido entrenados para desempeñar laborales policiales.
En esa dirección, lo señalado por el Comité de las Naciones Unidas llega apenas unos días después de que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortara a México a establecer un calendario para la retirada de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública y reemplazarlos por policías mejor capacitados que los que en la actualidad están en las calles.
No es el único que lo piensa así. El general Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional, en una entrevista emitida por TELEVISA en varios capítulos a lo largo de la semana reiteró que sus hombres no han estudiado para desempeñar tareas de este tipo, pero está obligado a hacerlo en cumplimiento de las órdenes del presidente Enrique Peña Nieto en tanto la policía no se depure y refuerce.
Las fuerzas armadas mexicanas, que tienen alrededor de 35.000 soldados desplegados por el país, se han visto cuestionadas recientemente por dos casos de alto impacto.
A mediados de 2014 tres soldados fueron acusados de homicidio y de alterar una escena del crimen en la que murieron al menos ocho sospechosos que se habían rendido en un evento en el que fallecieron en total entre 12 y 15 personas en Tlataya, una localidad en el estado de México, cercano a la capital.
La semana pasada se desestimaron cargos contra otros cuatro soldados acusados de encubrir y no informar de los asesinatos. La procuraduría general dijo que apelaron la decisión con la esperanza de que se reinstalaran los cargos contra los militares.
En el caso de 43 estudiantes de magisterio que desaparecieron en septiembre de 2014 en Iguala, estado de Guerrero, se ha cuestionado el papel del ejército que, pese a tener conocimiento de lo que sucedía en la ciudad durante las horas que llevaron a la desaparición de los jóvenes, decidió no intervenir.
Cienfuegos se ha negado a que sus soldados testifiquen en ese caso ante alguien más que no sea la fiscalía mexicana.
FUENTE: Associated Press