Las cámaras de la televisión no pudieron captar su rostro, pero algunas decenas de seguidoras vestidas con camisetas de color anaranjado que tenían retratos de ella y de su también encarcelado padre, el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), gritaban: “¡Keiko valiente, aquí está tu gente!”.
En la víspera y tras una lectura de ocho horas, el juez Víctor Zúñiga ordenó 15 meses de prisión preventiva para ella mientras es investigada por lavado de activos de la constructora brasileña Odebrecht.
Fujimori, de 44 años, pasó la noche en un local en el centro de la capital donde permanecen los presos a quienes aun no se les ha asignado la cárcel en la que cumplirán sus arrestos.
La agencia penitenciaria ordenó que sea internada en la cárcel de mujeres de Lima, donde estuvo presa por 13 meses hasta noviembre pasado, cuando salió por decisión del Tribunal Constitucional.
La nueva orden de prisión contra Keiko Fujimori cae en el peor momento por el que atraviesa su partido, que fue castigado con el voto popular el domingo en las elecciones legislativas.
El poder de Keiko se forjó a través de la última década, pero se consolidó en 2016 cuando su partido político Fuerza Popular consiguió 73 escaños en el parlamento unicameral de 130 sillas.
Su enorme poder fue usado para obstruir al gobierno del entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. El parlamento también protegió a una serie de funcionarios investigados por corrupción.
Su partido fue decisivo incluso en empujar a la renuncia de Kuczynski, lo que logró en 2018 cuando el entonces mandatario fue acusado de comprar votos para evitar su destitución.
Lo que quizá no imaginó es que el caso de corrupción propiciado por Odebrecht, que cayó en 2016 como una ola inmensa sobre los poderosos expresidentes peruanos, también la alcanzaría.
El Congreso fue disuelto en septiembre por el actual presidente, Martín Vizcarra, y en la reciente elección legislativa los cálculos auguran que Fuerza Popular apenas lograría 12 escaños.
La investigación del caso Odebrecht se han convertido en el golpe más fuerte a la clase política que ha gobernado el país sudamericano por casi cuatro décadas.
En el hemisferio occidental Perú es el único país que ha visto cómo sus cuatro últimos presidentes han sido enjuiciados. Un exmandatario está preso en Estados Unidos mientras se tramita su extradición, otro se suicidó antes de ser detenido, un tercero salió de la cárcel y espera un juicio en el que podría recibir hasta 25 años de prisión, mientras que el cuarto se encuentra bajo arresto domiciliario.
FUENTE: Associated Press