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Una coalición de grupos, entre ellos defensores de los derechos de los migrantes y sindicatos de empleados públicos, pedirá al Tribunal de Apelaciones de Londres que anule una sentencia de una corte inferior que permite que el primer vuelo de deportación siga adelante el martes según lo previsto.
El gobierno conservador del primer ministro Boris Johnson anunció en abril sus planes de enviar a algunos migrantes indocumentados a Ruanda, donde se tramitarían sus solicitudes de asilo en el país del este de África. Si tienen éxito, esos migrantes se quedarían en Ruanda. Gran Bretaña le pagó a Ruanda 120 millones de libras (158 millones de dólares) por adelantado y hará pagos adicionales en función del número de personas deportadas.
El programa pretende disuadir a los migrantes de arriesgar sus vidas cruzando el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones, luego de que en los últimos dos años se han incrementado ese tipo de viajes. Pero grupos activistas por los derechos humanos dicen que la política es ilegal, inhumana y que sólo agudizará los riesgos para los migrantes.
El debate llenó los medios de comunicación británicos el fin de semana después de que el Times de Londres reportara que una persona no identificada había oído al príncipe Carlos expresar su oposición a la política “varias veces” en conversaciones privadas.
“Dijo que piensa que todo el enfoque del gobierno es espantoso”, de acuerdo con la fuente.
La oficina del príncipe Carlos, Clarence House, se negó a comentar sobre “conversaciones privadas anónimas”, pero subrayó que él se mantiene “políticamente neutral”.
Los comentarios de Carlos, de 73 años, son problemáticos porque es el heredero al trono y se supone que el monarca británico se mantiene al margen de la refriega política.
Sus comentarios desataron una tormenta en los periódicos británicos. El Daily Express le advirtió al príncipe de Gales: “¡Mantente fuera de la política Charles!”, y el Mail on Sunday señaló: “No nos retractaremos en lo que respecta a Ruanda, Charles”.
El gobierno de Johnson no ha dado indicios de que modificará el rumbo.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados se opone a los planes de Gran Bretaña, los cuales considera un intento de exportar las obligaciones legales del país de proporcionar asilo a las personas que buscan un lugar seguro.
“Las personas que huyen de la guerra, los conflictos y la persecución se merecen compasión y empatía”, dijo Gillian Triggs, alta comisionada adjunta para protección de la ACNUR. “No deberían ser canjeadas como si fueran mercancía y transferidas al extranjero para que se tramiten sus solicitudes”.
FUENTE: Associated Press
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