El acuerdo “asegura todo el material probatorio que la empresa aportó... (y) asegura todo lo que vendrá en el futuro. Ellos tienen la obligación de seguir colaborando, de seguir declarando y entregando pruebas documentales de acuerdo a las exigencias de la fiscalía”, confirmó Vela, el coordinador peruano del caso, en una entrevista con el diario peruano El Comercio. El cierre del trato empezó el viernes y culminó la madrugada del sábado en las oficinas del equipo fiscal encargado de investigar a Odebrecht.
Un punto importante del acuerdo radica en que el exjefe de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, podrá ser interrogado por los fiscales que investigan a políticos importantes de Perú y sobre quienes recae la sospecha de coimas. La fiscalía también podrá recibir todo tipo de información de los sistemas informáticos encriptados llamados “MyWebDay” y “Drousys” que Odebrecht usaba para proteger sus sobornos. La constructora también pagará 181 millones de dólares en 15 años como reparación civil.
A cambio, la fiscalía peruana se ha comprometido a no usar la información obtenida en contra de los funcionarios de Odebrecht y a archivar los procesos en curso ligados a los casos judiciales surgidos del acuerdo.
El acuerdo otorgará pruebas clave para colocar evidencias sólidas a las acusaciones en contra de políticos peruanos importantes, entre ellos el expresidente Alan García, así como contra la política opositora Keiko Fujimori. Pero también añadirá más información a las acusaciones contra los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.
Como en otros países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis en Perú que ha salpicado a toda la élite política actual. La fiscalía de Perú investiga a todos los presidentes que han gobernado el país desde 2001 hasta 2018 por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos.