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El Comité de Derechos Humanos, una agrupación de 18 expertos, difundió el miércoles sus hallazgos tras la queja de cuatro líderes catalanes que fueron procesados y sentenciados en España por su rol en el referéndum de octubre de 2017 y sus consecuencias.
El Tribunal Constitucional de España declaró ilegal la consulta catalana y los cuatro funcionarios —entre ellos el entonces vicepresidente Oriol Junqueras— fueron enjuiciados bajo acusaciones de rebelión y separados de sus funciones.
Dos años después, sin embargo, los cargos fueron rebajados a sedición, que no incluye el elemento de violencia.
Doce personas fueron convictas pero solo nueve fueron sentenciadas a cárcel. Esas nueve fueron indultadas en 2021 pero siguen inhabilitadas de ejercer cargos públicos.
Los dos partidos catalanes independentistas a los que pertenecen la mayoría de los 12 acusados celebraron el miércoles la decisión.
España “está obligada a cesar sus políticas represivas y que no puede continuar utilizando el derecho y los procedimientos penales para hacer frente a la reivindicación pacífica del derecho a la autodeterminación”, dijeron los partidos Esquerra Republicana de Catalunya (Izquierda Republicana de Cataluña) y Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña).
De momento no ha habido reacción del gobierno español. Madrid sostiene que un referéndum independentista viola la Constitución nacional.
El comité, que trabaja con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, vela por el cumplimiento del Convenio Internacional para Derechos Políticos y Civiles por sus 173 signatarios, entre los cuales se encuentra España.
FUENTE: Associated Press
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